La alcaldesa firma la propuesta de resolución del contrato para remitirlo al Consello Consultivo

Como señala Giráldez, "agora temos que ter un plan B viable económica e técnicamente e a certeza que se pidan salvaguardar os postos de traballo do personal da concesionaria, la UTE Gestión Cangas. Este plan B é o que determinará o posicionamento dalgunhas de nos, xunto co informe do Concello Consultivo". Hay que mencionar que una vez que se pronuncie el Consello Consultivo, el asunto deberá ser llevado a pleno para que la corporación municipal se pronuncie al respecto.

No cabe duda que fue una decisión difícil que el destino puso en manos de una de las personas del gobierno que más dudas tiene sobre los pasos que se están dando, pero ejerce de alcaldesa siendo fiel al consenso que teóricamente tiene el gobierno local respecto a este asunto. Es evidente que este paso, que deja en suspenso el periodo de caducidad del expediente de rescisión del contrato, mientras no se pronuncie el Consello Consultivo (aproximadamente en dos meses) cierra la vía de la negociación, por la que parecía optar la concesionaria del ciclo del agua.

Entre los documentos que se elevan al Consello Consultivo figura el informe de la Alcaldía, que en síntesis es la desestimación de las alegaciones presentadas por la UTE y la intención de remitir el expediente al Consello Consultivo. En las alegaciones presentadas por la UTE se señala "que en la línea con lo que viene actuando el Ayuntamiento de Cangas, surgido de las elecciones de 2015, lejos de actuar con diligencias en relación con la solicitud formulada con contraía afección del derecho de defensa de la UTE no ha procedido a integrar en el expediente la documentación requerida por representada ni a resolver, en tiempo y forma, sobre la ampliación de plazo. Obligando a mi representada a formular las presentes alegaciones con merma de su derecho y defensa". Señala también que el presente procedimiento tiene su motivación muy lejos de la existencia de incumplimientos esenciales imputables a la concesionaria, sino al fruto del empeño de ciertos miembros de la corporación en rescatar el servicio, pero eludiéndolas consecuencias que tal actuación tendría en términos de indemnización a la UTE. "Los supuestos incumplimientos que sirven de base al acuerdo de incoación respecto del que ahora se alega, simplemente no son tales, o no pueden catalogarse como esenciales, o no son imputables a la intención o voluntad indubitada de la empresa de incumplir con sus obligaciones contractuales. Al contrario, son fruto de la propia actuación de la corporación resultante de las elecciones celebradas el 25 de mayo de 2015". La concesionaria contesta uno a uno todos los casos de incumplimientos que aparecen en el expediente. Ayer se celebró una asamblea en el salón de plenos del concello de Cangas donde ACE expicó a los vecinos la actual situación.