Los trabajos de urbanización para sacar adelante el proyecto de 462 viviendas del complejo residencial Golf Domaio iniciado en la década de los 90 llevan años parados y la situación está totalmente bloqueada tras la sentencia judicial que obligaría a los parcelistas a afrontar una nueva derrama para abonar un total de 3,1 millones de euros a la inmobiliaria Mirón y Agarvi, que paradójicamente renunció a las obras y las dejó a medio realizar por sus problemas económicos. El pago se correspondería con los trabajos realizados por la constructora antes de la renuncia. Con esta situación de bloqueo los parcelistas no pueden aportar fondos para la urbanización a la junta de compensación porque serían embargados por vía judicial.
Para tratar de desbloquear la situación, varios propietarios de terrenos convocaron a una cita a todos los afectados el próximo 13 de septiembre con el objetivo de explorar la constitución de una plataforma que pueda buscar fórmulas que saquen la urbanización de la parálisis actual. Barajan la fórmula de una Asociación de Interés Económico (AIE) y esperan la asistencia de todos los afectados y la aportación de ideas para buscar un desbloqueo y una salida a una situación "que parece eterna y sin solución". En la reunión contarán con el asesoramiento inicial de un gabinete de expertos que expondrá las posibles alternativas. La búsqueda de inversores nuevos es en principio la solución más adecuada.
La reunión del día 13 cuenta con el apoyo inicial tanto de la junta de compensación como de algunos titulares de propiedades que tomaron la iniciativa de convocar al resto de afectos, en su mayoría vecinos de Vigo.
En julio, en una asamblea de la junta de compensación, se rechazó masivamente la nueva derrama para afrontar el pago de la sentencia. Solo un asistente votó a favor y el representante de la división inmobiliaria del BBVA, Anida, se abstuvo. Este banco tiene parcelas por ejecución de embargo de la propia Mirón y Agarvi.
La reclamación inicial de la constructora que abandonó las obras era de 2,2 millones de euros, a la que se suman los intereses de ocho años de proceso judicial así como las costas del mismo. Con muchas viviendas a medio ejecutar y gran parte del complejo residencial sin construir, los propietarios se negaron en redondo a abonar nuevos pagos a los herederos de la constructora.
Según la propuesta rechazada en julio, deberían hacer frente a derramas de 8.838 euros por cada parcela de la Zona A (que tendría que acoger 171 viviendas unifamiliares) y 4.419 euros por cada parcela de la Zona B (en la que se proyectaron en su día 191 viviendas adosadas). Además habría que abonar 441.953 euros por la zona del hotel y 351.000 y 2.300 euros por las zonas de los bloques de apartamentos.
Tras rescindir en 2007 el contrato con el empresario, los parcelistas tomaron las riendas de la urbanización para concluirla a través de la junta de compensación. De hecho, habían retomado los trabajos de construcción de viales internos y dotación de servicios urbanos. Habían llegado a los pertinentes acuerdos con la Xunta de Montes de Domaio y con el Concello. Incluso habían ganado sentencias judiciales contra los parcelistas que se negaban a pagar su parte de la urbanización. Pero la demanda de Mirón y Agarvi ha acabado por bloquear de nuevo toda la obra.
Desde los convocantes de la reunión del 13 de septiembre esperan poder gestionar una salida por una vía distinta a la de la junta de compensación bloqueada. Aseguran que en principio no se cierran a ninguna idea que pueda revivir el proyecto de un complejo que lleva camino de 30 años sin poder materializarse.
