Los polémicos chalés de Ramal de Paraíso, en Darbo, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB) siguen todavía en pie. De ahí que los demandantes se dirigieran al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra para solicitar que conceda al Concello de Cangas un último e improrrogable plazo que "entendemos que no debería ser superior a un mes, a fin de que la total y completa ejecución de la sentencia de la que demanda este procedimiento".
También solicita la parte demandante que acuerde ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiera la colaboración de las autoridades y agentes de la administración condenada o, en su defecto, de otras administraciones públicas, con observancias de los procedimientos establecidos al efecto o adopte las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluyen la ejecución subsidiaria con demolición de la obra a cargo del Concello de Cangas.
En la petición realizada al juzgado, solicita que se impongan multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, reiterables hasta la completa ejecución del fallo judicial.
Los demandantes tuvieron noticias por parte de la Policía Local de Cangas que en los chalés habían entrado okupas y responsabiliza de ello a la dejadez por parte del Concello de Cangas en cumplir la sentencia de derribo de los dos chalés de Ramal do Paraíso que se construyeron sin ajustarse a la licencia concedida. Cabe recordar que el Concello de Cangas acredita el día 10 de abril de 2018 que la entidad Demoliciones y Desamiantados Galicia S.L. presentó proyecto de demolición de la edificación, con un presupuesto de ejecución de material de 29.990,50 euros.
En la ejecución forzosa de la resolución de demolición, los tribunales impusieron hasta cuatro multas coercitivas por un importe total de 7.000 euros. El alcalde conesta al juzgado que el 24 de enero Ferrovial Servicios (empresa encargada de l mantenimiento del activo) comuicó que está en proceso de readacción el proyecto de demolición.
Sorprende el hecho de que Urbanismo no actuara con más diligencia en este caso, cuando se manifiesta tan legalista en cuestiones de este tipo y sobre todo cuando la propiedad no es de un vecino, sino que está en manos de la SAREB, uno de los símbolos de la crisis económica.
