Casi dos años después de presentar en el juzgado la demanda para conseguir que los montes de la parroquia de Bueu fuesen declarados como comunales los comuneros han conseguido su objetivo. El juzgado de instrucción número 1 de Marín ha aceptado la reclamación presentada por la Comunidade de Montes de Bueu y declara como vecinales en mano común más de 15 hectáreas de monte, que se reparten en cuatro grandes áreas: Castrillón [entre A Graña y Meiro], Morouzos-Pedra do Raposo [O Valado], Liboreiro y A Portela [que era el que ya estaba clasificado]. La sentencia ya tiene carácter firme puesto que no se ha presentado recurso alguno y resuelve otra polémica. Desde el año 2004 la Consellería de Facenda tenía bloqueado un pago de casi 500.000 euros, una cuantía que se correspondía a la expropiación de 40.753 metros cuadrados de monte en Liboreiro por la construcción del Corredor do Morrazo.

La sentencia asegura que en la demanda de los comuneros concurren "los presupuestos legales exigibles para el éxito de la acción entablada en este procedimiento". El informe elaborado por el perito José Antonio González asegura que "no existe duda alguna de la titularidad del conjunto de vecinos de los montes reivindicados". Su estudio analiza numerosa documentación histórica, "alcanzando a los procesos de desamortización", y una delimitación topográfica practicada sobre el terreno.

La juez dice en el fallo que "se desprende la existencia de un aprovechamiento desde tiempo inmemorial por el común de los vecinos de la parroquia de Bueu de los montes". En concreto, en la demanda se reclamaba la clasificación de Castrillón (19.240 m2); O Coto-Meiro (1.457 m2); Pedra do Raposo (9.840 m2); Patín (7.990 m2); Paralaxe (5.559 m2); Monte Feira (1.863 m2); Morouzos o Roxo (3.315 m2); y finalmente Liboreiro, cuyas distintas parcelas suman 85.000 m2. Todos estos terrenos figuraban registrados a nombre del Concello de Bueu, que no se opuso a la reclamación vecinal. Es más, ni siquiera se personó argumentando que "os montes son dos veciños".

Esta sentencia llega apenas dos años después de que se presentase en el juzgado, pero el proceso en realidad es mucho más largo. Los comuneros acudieron hace ya 15 años al Xurado de Montes de Pontevedra, que en una resolución de 2004 aceptaba clasificar únicamente un monte en A Portela. En el juicio la Comunidade de Montes de Bueu alegó que ese reconocimiento permitía concluir que sí había existencia de montes vecinales en mano común en la parroquia. Uno de los argumentos esgrimidos es que el ayuntamiento de Bueu fue constituido en 1836, una fecha relativamente reciente en términos históricos. Esto "impide atribuirle la propiedad de ningún bien por su posesión 'inmemorial', frente al origen remoto y ancestral de la parroquia de Bueu, cuya existencia ya aparece constatada en el Catastro del Marqués de Ensenada, que data del año 1752", se dice en la sentencia.

El fallo judicial también tiene en cuenta que la mayor parte de los terrenos que solicitan los comuneros "se hallan delimitados en su contorno perimetral por los propios muros de cierre o vallados de las fincas particulares colindantes".

La documentación pericial se "refuerza" con la declaración de los testigos, que "vienen a corroborar el hecho de que las citadas parcelas y montes hubieran sido poseídas y explotados por el conjunto de los vecinos". Por todo ello, el juzgado considera que estos terrenos deben tener la consideración de comunales "por haberlos venido poseyendo [los vecinos] desde tiempo inmemorial, en régimen de aprovechamiento colectivo".

Esta sentencia ha sido acogida con evidente satisfacción por la Comunidade de Montes de Bueu, cuya directiva convocará en unos días una asamblea para informar a los comuneros y dar cuenta de los pasos a dar a partir de ahora. "Durante estes anos houbo moita xente que deixou de vir as asambleas e as reunións, quizais porque non se miraban avances en todo este proceso para reclamación dos montes. Agardamos que agora volvan e que entre xente nova", explican el actual presidente de los comuneros, Manuel Peixoto, y su antencesor, Francisco López. Ambos recuerdan que el procedimiento para reclamar la titularidad de los montes comenzó bajo la presidencia de Juan Barreiro, cuando se acudió al Xurado Provincial de Montes.

El fallo judicial confirma también que la parcela que expropió en 2002 la Xunta de Galicia para la construcción del Corredor do Morrazo es de titularidad vecinal. Esto significa que los casi 500.000 euros que estaban bloqueados en una cuenta de la Consellería de Facenda desde 2004 deberán pagarse a los comuneros. La consellería bloqueó en aquel entonces ese abono a la espera de que se aclarase si la propiedad del monte era del Concello de Bueu o de los vecinos. El terreno expropiado tenía una superficie de 40.753 m2: la oferta inicial era pagarlo a 3 euros m2, pero tras recurrir al Jurado de Expropiación se pagó a 12 euros m2.