Conservas Iglesias no cuenta con la confianza de las entidades financieras, que le han retirado el oxígeno financiero que necesita para pagar a proveedores, trabajadores y preservar sus productos en los lineales del supermercado. El tapón es tan acusado que la conservera se verá obligada a paralizar su actividad en cuestión de días. Así se lo trasladó ayer a las trabajadoras el administrador único de la compañía, Ángel Ramón Iglesias, en una reunión en la que no aclaró en qué situación laboral quedará la plantilla si no logra financiación para circulante. "Nos dijo que la empresa factura, que es rentable, pero que está bloqueada porque no le dan crédito", señaló a FARO una de las empleadas.
En la compañía trabajan más de 60 personas, entre las líneas de transformación y mantenimiento, y cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de unos 18 millones, según fuentes del sector. El Registro Mercantil constata una abrupta caída de la facturación, con ventas de 30 millones en 2013 y de 28,6 en 2014. Este último año sí tuvo beneficios. "Nos hizo números en una pizarra para explicarnos lo que pasaba. Dijo que tenemos para cuatro o cinco días" si la banca no echa aceite en el engranaje financiero. En el sector consideran que las entidades han perdido la confianza en Iglesias, cuya gestión se ha visto salpicada por acusaciones de fraude fiscal y tiene abierta una investigación por parte de la Agencia Tributaria. Según una de las empleadas presentes en la reunión de ayer, Ángel Ramón Iglesias "reconoció" haber cometido irregularidades.
En situaciones como ésta, la incursión en impagos con acreedores puede desembocar en un concurso necesario (presentado a instancias de un tercero) o voluntario (formulado por la propia conservera). En estos casos es un juez de lo Mercantil quien decide si el administrador, en este caso Ángel Ramón Iglesias, puede seguir al frente del día a día de la compañía. Si no pudiese hacer frente a sus obligaciones también podría solicitar un preconcurso, lo que blindaría a Conservas Iglesias frente a las demandas de sus acreedores durante tres meses.
La fábrica retomó su actividad el 8 de febrero en la nueva nave de Moaña, después de un parón desde septiembre de 2015 por falta de los permisos para operar en las instalaciones a las que se había trasladado desde la nave de Ojea en Cangas. Invirtió 5,5 millones en el traslado.
Se trata de una fábrica centenaria, que triplicó su espacio operativo con el cambio a Moaña. Dispone de 3.200 metros cuadrados y pasó de 2 a 3 líneas de producción. El responsable aspiraba a comienzos de año a aumentar la producción hasta las 150.000 latas al día.
