Continúa la polémica en relación con las tarifas del agua. Ahora le tocó el turno al regidor local, Xosé Manuel Pazos, que replica a su antecesor, que acusaba al gobierno de estafa política en el conflicto del agua.

Xosé Manuel Pazos pone de manifiesto que hay datos reveladores que el departamento jurídico del Concello de Cangas dio a conocer ayer: el gobierno que presidía José Enrique Sotelo no tramitó el famoso acuerdo de abril de 2015 por el que se decidía volver las tarifas del agua a las de 2014 e iniciar las negociaciones para "remunicipalizar" el servicio. A pesar de la que la secretaria mantiene que se trata de un acuerdo ilegal, Xosé Manuel Pazos afirma que Sotelo no movió ni un solo dedo para tramitar el acuerdo, es decir, no hizo nada para que saliera publicado den el Boletín Oficial de la Provincia y así otorgarle una validez que ahora, técnicamente, no tiene. "Se fixera este trámite agora nos poderiamos agarrarnos a él para presionar a empresa".

Xosé Manuel Pazos se pregunta por qué el anterior gobierno, concretamente José Enrique Sotelo, tenía tanta prisa en aprobar las tarifas y en adjudicar el servicio a una empresa. Entiende que los más lógico hubiese sido que prorrogara la concesión por seis meses y esperar el resultado de las elecciones, para que el gobierno que saliera de las urnas no tuviera las manos atadas, como ahora las tiene.

El alcalde de Cangas acusa a Sotelo de practicar un "cinismo político único en Europa". Recuerda que fue el Partido Popular quien aprobó el pliego de condiciones y también el que adjudicó el servicio a la actual UTE Morrazo, no la oposición que ahora gobierna. Y, sobre todo, aprobó las nuevas tarifas haciendo caso omiso a las alegaciones presentadas, que no fueron respondidas todavía. "Si tivera vergoña tería que estar calado. Parece como si os que crearamos o conflicto foramos nos, que non tivemos nada que ver no proceso, que sempre nos opuxemos o que facía o PP".

Asegura que el alcalde que Sotelo no tuvo tiempo para gestionar el acuerdo plenario de abril relacionado con las tasas del agua, pero, sin embargo, sí que tuvo tiempo en ese corto plazo de tiempo a firmar convenios con la Iglesia y también tratar de poner en marcha una zona azul cuando era alcalde interino.

Hay un sector del gobierno de Cangas que busca, como fórmula para acabar con el conflicto, echar abajo la ordenanza municipal que rige las tarifas, por entender que son ilegales de pleno derecho. Claro que los técnicos municipales discrepan. Lógicamente, ellos defienden su trabajo y si hubiesen apreciado que la ordenanza era ilegal lo habían hecho ver tanto al gobierno como a la oposición de aquel entonces.