A mediados de abril, Acciona Agua volvió a la carga para intentar cobrar miles recibos atrasados por el servicio de depuración de aguas residuales a usuarios de Cangas que no los habrían satisfecho en su día. Les detallaba fechas e importes de los mismos, y les advertía que, en caso de no abonar las cantidades reclamadas en un plazo máximo de 15 días, podría remitir las deudas a los registros de morosos, además de reclamarlas por vía judicial con los correspondientes intereses de demora y el pago de las costas judiciales. Ese plazo ya se ha cumplido, sin que el Concello ni los particulares consultados hayan recibido más notificaciones al respecto. Tampoco creen que esas amenazas lleguen a cumplirse.

Las miles de reclamaciones remitidas por Acciona Agua a ciudadanos de Cangas por recibos atrasados del servicio de depuración no tienen "fundamento legal", y por lo tanto los usuarios no están obligados a abonarlo en las condiciones que le reclama la empresa. Así lo consideran los servicios jurídicos municipales y se lo ha hecho saber el alcalde, Xosé Manuel Pazos, a los responsables de la compañía en una carta dirigida a su sede central, en Madrid. "Ínstolle a que tramite os seus cobros pendentes pola vía legal prevista e non con comunicacións sen fundamento legal", advierte el regidor cangués, que ya en las últimas semanas había aconsejado publicamente a los vecinos no abonar los recibos que se les exige sin que se haya aclarado la aprobación de los padrones fiscales por parte del Concello, que han sido remitidos por carta ordinaria y no certificada y, en algunos casos, a clientes que ya habrían abonado la factura por tenerla domiciliada.

Las reclamaciones de Acciona Agua afectan al propio consistorio, que desde finales de julio ha recibido más de una veintena de requerimientos de cobro por la conexión de instalaciones municipales al servicio de depuración entre los años 2011 y 2014, período que se corresponde con los ejercicios que aún no han prescrito. Pazos dio instrucciones en el mismo sentido a los departamentos económicos del Concello (Tesorería e Intervención) para que no se abonen esas cuantías, pues entiende que la fórmula elegida no es la procedente y que, en todo caso, habría que negociar alternativas para abonar de forma escalonada los recibos que se considere procedentes.

"A reclamación dos impagos no período voluntario, ao tratarse dunha taxa municipal, debe seguir os trámites da Lei Xeral Tributaria 58/2003 do 17 de decembro para requerir o pago na vía executiva, non procedendo á vía xudicial", argumenta el alcalde en el escrito remitido a Acciona, y añade que "a providencia de apremio é o acto administrativo necesario e único para poder esixir o cobro que soamente pode ser instado pola administración tributaria". En el caso del Concello de Cangas, la competencia de recaudación en vía ejecutiva está delegada en el Organismo de Recadación da Administración Local ORAL), dependiente de la Diputación, "non estando prevista a delegación desta competencia en concesionarios", abunda Pazos, que, en consecuencia, insta a la antigua concesionaria a que tramite sus cobros pendientes "pola vía legal prevista e non con comunicacións sen fundamento legal".

Es la segunda vez en este año que la antigua concesionaria -que abandonó el servicio a finales de 2014, tras la adjudicación a la UTE Gestión Cangas (formada por Aqualia y Civis Global) del ciclo integral del agua- prueba con esta fórmula de cobro. Ya lo hizo en el mes de abril, remitiendo cartas a los usuarios en el mismo sentido, aunque en aquella ocasión reclamaba recibos de los últimos 17 años, que la Administración local da por prescritos. El entonces alcalde, José Enrique Sotelo, también aconsejó hacer caso omiso.