La mayor parte de los barcos que se desguazan en astilleros de la ría son pesqueros, en muchos casos grandes buques de pesca de media y gran altura. Los últimos datos al respecto datan de finales de diciembre, cuando el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó las ayudas que concederá a lo largo del presente año a los armadores que se acojan a la paralización definitiva de la actividad pesquera. Se trata de 8 millones de euros los que destina la Consellería de Mar únicamente al sector de la pesca de altura.
Los armadores interesados tienen de plazo hasta mañana para acogerse a la subvención. A esta cantidad hay que sumar la ayuda específica para desmontar barcos de bajura, dentro del plan de gestión del caladero Cantábrico Noroeste.
Se trata de una política de la Unión Europea que tiene como objetivo reducir la flota pesquera para adaptarla a los recursos marinos existentes, aunque han recibido numerosas críticas desde sectores implicados.
Un dato, que refleja la drástica reducción de efectivos que por esta vía sufre la flota gallega y padecen los trabajadores del sector, es el de los 9 barcos de altura desguazados a lo largo de 2010, a los que les acompañaron nada menos que 34 embarcaciones de bajura. En ese año las subvenciones públicas para el cese de actividad ascendieron a 17 millones de euros.
El Fondo Europeo de Pesca cofinancia el importe de estas ayudas y la embarcación susceptible de recibirlas debe tener una antigüedad mínima de 10 años.
Sin embargo, esta medida podría estar cerca de su final, pues entre las propuestas para la reforma de la Política Pesquera Común de la UE ya se ha anunciado que no ha servido para lograr el objetivo planteado en la última década, y que pasaba por una significativa reducción de la capacidad pesquera. El Tribunal de Cuentas interpreta que existieron anomalías en los planes de ajuste del esfuerzo pesquero al dejar en manos de los distintos países –España, Polonia, Portugal y Reino Unido– la regulación de su contenido.
