Tras haber capitaneado en su día la propuesta de conseguir que el puente medieval de Pontevea, que une sobre las aguas del Ulla los municipios de A Estrada y Teo fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el BNG presentó al mediodía de ayer una moción instando a la Xunta de Galicia a adoptar un plan integral de puesta en valor de la infraestructura y de todo su entorno.

A la presentación acudieron los ediles del Bloque de A Estrada y Teo, Xosé Magariños y Manuel Anxo Fernández Baz, respectivamente, acompañados por cargos orgánicos de la formación nacionalista y por el diputado en el Parlamento Galego Luís Bará. Asimismo, el acto contó con la presencia de integrantes del colectivo Entre As Pontes, asociación que en los últimos meses efectuó un importante trabajo en este entorno fluvial.

"Impulsamos la declaración de BIC del puente y ahora es el momento de que las administraciones públicas, tanto los concellos de A Estrada y Teo como la Xunta, se impliquen en su puesta en valor", consideró Magariños. El concejal estradense manifestó que "el tiempo de las fotos ya pasó", en alusión a la presencia sobre este puente de los alcaldes de estos dos municipios en el momento en que la Xunta lo declaró BIC. Estimó que ahora se precisan "compromisos claros" para recuperar y restaurar la estructura así como su entorno. "Toda la zona tiene potencial e interés para los dos concellos", estimó Xosé Magariños, que recalcó que resultó notoria la presencia de bañistas en la playa fluvial de Couso gracias a los trabajos de limpieza y recuperación realizados por Entre as Pontes. Estimó el concejal que, de no ser por los integrantes de esta asociación, el puente de Pontevea "seguiría a monte y abandonado".

Junto con la moción que el BNG presentará en los concellos de A Estrada y Teo, el diputado Luís Bará también tiene previsto registrar una serie de incitativas en la Cámara gallega tendentes a conseguir que la Xunta de Galicia elabore un plan integral para la puesta en valor de este BIC y de su área de afección. En esta línea, Magariños consideró que la administración autonómica tendría que implicarse en esta cuestión a través de una vertiente doble: "Por una parte, diseñando el plan en colaboración con los concellos pero no menos importante es dotarlo económicamente para que sea una realidad y se ejecute cuanto antes", apuntó.