El gobierno de coalición de Lalín contempla llevar al pleno de este mes la construcción de la rotonda entre las Avenidas de Cuiña y de Madrid, a la altura de O Montserrat. El alcalde, Rafael Cuiña, y el edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, comparecieron ayer para abordar diversos temas de índole urbanística, y anunciaron que el proyecto ya cuenta con el permiso de Patrimonio y el presupuesto del control arqueológico. Falta la firma de algunos convenios para la cesión de terrenos y el informe que corrobore que se trata de una inversión financieramente sostenible, un trámite previo al pleno.
La iniciativa precisa en torno a unos 400 metros cuadrados. Los propietarios, como indica González Casares, consideraron que el precio que se les ofrecía por este suelo era escaso, así que acordaron que a cambio recibirían aprovechamientos urbanísticos o bien en el futuro desarrollo del SUE-3 o en otras áreas del municipio.
La obra cuesta más de 200.000 euros y da respuesta a la primera moción que presentó el PP en este mandato. Salió adelante por unanimidad de los 21 concejales. González Casares recuerda que mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), se logró ampliar a finales del año que viene los remates de las inversiones financieramente sostenibles, puesto que en principio, según marcaban los presupuestos generales del Estado, la fecha tope era el 31 de diciembre del presente ejercicio. Eso sí, los pliegos de contratación tienen que estar aprobados en junta de gobierno antes de acabar 2017.
De forma previa a la comparecencia de ambos políticos, Cuiña se había reunido con el nieto y el abogado de la anciana sobre la que pende un embargo para afrontar los impagos de cuotas por la urbanización de una finca en el Agro de Lalín de Arriba. Tras este encuentro, el gobierno local se reunirá, probablemente en septiembre, con la Agencia Tributaria, que en principio "está abierta a establecer un orden de prelación en cuanto a los posibles embargos". Y es que la notificación del ORAL de mayo de 2012 marcaba la vivienda habitual de esta vecina como primer bien a embargar. Cuiña apunta que, con el anterior gobierno del PP, se le comunicó a la mujer la intención de que se embargase la finca afectada como medio de pago (estaba valorada en 300.000 euros).
La cuota inicial que tenía que abonar esta propietaria era de 145.000 euros, que con la primera mora pasó a los 180.000 y ahora se sitúa ya en los 240.000. El cuatripartito se compromete a intentar salvar la vivienda habitual de la mujer, pero no puede ir más allá y rescatar los demás bienes (como el resto del edificio o la propia finca), porque ello supondría "un agravio comparativo" en relación a los demás propietarios que sí hicieron frente a sus cuotas.
El abogado de la familia, según explica Cuiña, tiene serias dudas sobre la legalidad tanto del incremento de la cuota por demora como de la propia urbanización del Agro de Lalín de Arriba, contra la que se posicionaron varios afectados en su momento. Cuiña adelanta que no le gustaría que se declarase ilegal, aunque ello le supusiese un rédito político. Aclara que, si bien sabía de la situación hace poco más de un año, su equipo de gobierno no pudo intervenir hasta ahora "porque no había ningún tipo de notificación". De hecho, antes de la mencionada del ORAL hubo una del Concello, el 7 de mayo de 2010. La tercera procedía ya de la Agencia Tributaria y se recibió en el presente año.
El alcalde insiste en que salgan a la palestra el portavoz del PP, José Crespo, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez (exedil de Urbanismo), para aclarar qué políticos tienen aquí terrenos y si se intentó especular con ellos.
