Tras asistir a la Comisión Especial de Contas que se celebró ayer y comprobar los datos de la liquidación del presupuesto municipal de 2016 allí aportados, la portavoz de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco, alerta de la excesiva cantidad de gastos corrientes que cuentan con reparos de Intervención. Asegura la líder de este grupo de la oposición que "la mayoría" de los recibos cuentan con advertencias de este departamento.

Las causas más recurrentes por las que Intervención pone reparos suspensivos a los pagos ordenados por el grupo de gobierno son las relativas a facturas de contratos menores, a las que se abonan sin procedimiento negociado a pesar de que el importe supera los 18.000 euros, a las correspondientes a pagos no asumibles por el Concello y a las relativas a servicios "que suponen subvenciones encubiertas por tenerse prestado a personas físicas o a entidades ajenas al Concello", explica Blanco.

Con respecto a las primeras, la portavoz de Móvete señala que se trata de facturas con cuantías que oscilan entre los 1.200 y los 6.000 euros "para las cuales no se respeta lo previsto en la ley de contratos por falta de acuerdo previo de la junta de gobierno local", explica. Además, dice que en este lote figuran recibos sobre los que Intervención apunta a posibles fraccionamientos en el objeto del contrato, por su carácter repetitivo.

Blanco sostiene que Intervención añade la necesidad de sumarle la existencia de facturas de pequeño importe -de menos de 1.200 euros- "que también se podrían considerar como parte de ese contrato fraccionado", explica Blanco. Apunta que lo correcto en estos casos hubiese sido realizar una licitación pública y consultar a, al menos, tres empresas, o bien llevar a cabo un procedimiento negociado o "incluso uno abierto y restringido".

Las facturas presentadas por gastos no asumibles por el Concello a las que alude la líder de Móvete son aquellas expedidas por servicios que, en realidad, no fueron prestados por la administración local.

Entre los reparos efectuados por Intervención el ejercicio anterior Blanco destaca también los relativos a la distribución del complemento de productividad de los funcionarios pues, según apunta, a juicio de Intervención - y cita textualmente-: "los criterios adoptados por el pleno no corresponden a la naturaleza y a la configuración legal del complemento de productividad" y los califica de "atentarorios contra los principios generales del derecho a que corresponde el complemento salarial de la productividad".

Móvete entiende que se trata de la "legalización del clientelismo entre los trabajadores públicos y el gobierno, porque vulneran la normativa". Precisamente, este asunto mantiene en conflicto a gobierno local y trabajadores, que llevaron la problemática a los juzgados.

Por último, Móvete insta al gobierno local "a que respete la ley de contratos" y a que "reduzca" las partidas presupuestarias dedicadas a atenciones protocolarias, que cifra en 33.000 euros en 2016. Apunta, además, que la partida en publicidad y propaganda "alcanzó los 75.000 euros" y que los "gastos diversos" superaron los 160.000 euros. En estudios y trabajos técnicos, según sus datos, el Concello gastó 640.000 euros y en jurídicos más de 97.000 euros.