El Concello de Lalín apela al informe del Valedor do Pobo como "una de nuestras principales armas" frente al contencioso administrativo tramitado por Unión Fenosa en busca de una respuesta en la concesión de la licencia para la Línea de Alta Tensión (LAT) O Irixo-Lalín. El teniente de alcalde, Nicolás González Casares, compareció ayer acompañado de la edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, para detallar su postura frente a este recurso así como algunas de las actuaciones del ejecutivo con respecto a este asunto.

En cuanto al planteamiento que el gobierno adoptará frente al contencioso, Casares declinó detallar cual será la línea de argumentación del Concello. Aunque recalcó que el ejecutivo tiene cierto amparo en el informe remitido por el Valedor do Pobo en que cuestiona la valoración de impacto ambiental y requiere la protección de Casas Vellas. Por este motivo trasladan tanto a la Consellería de Idustria como a la de Medio Ambiente la necesidad de ofrecer una respuesta tanto a la firma como al Valedor. Casares insistió en que el ejecutivo ejercerá una defensa acérrima del espacio natural apostando por el soterramiento de la línea.

El responsable de Urbanismo también desveló que el gobierno mantuvo una reunión en julio con representantes de Unión Fenosa para abordar posibles alternativas. Casares apuntó que la firma, en un tono poco conciliador, apostó por la elevación de la línea o por recibir una compensación económica por el incremento del coste que supone el soterramiento en el tramo de la N-525. El edil apuntó que llegaron a realizar "amenazas veladas" ante posibles cortes de suministros al no ceder "que no llegaron a producirse". También matizó que el silencio administrativo que a nivel autonómico conllevaría una concesión de la licencia podría incurrir con otro decreto estatal en el que éste se traduciría en un rechazo de la solicitud.

Casares justificó que gran parte de los trámites realizados con respecto a la concesión de licencia para la construcción de la LAT fueron gestionados con anterioridad a la llegada al poder del actual gobierno. El titular de Urbanismo reiteró que "fue el anterior gobierno el que informó favorablemente a todas las actuaciones requeridas por la empresa. No hay ni una sola actuación administrativa que defendiera Casas Vellas". Frente a esta tesitura el actual gobierno apunta que "solo nos queda estudiar lo que hay y valorar qué hacer". Casares matizó que Fenosa había llegado a formalizar el aval de 30.000 euros por el ICIO del proyecto así como otro ingreso de 13.000 euros también por el ICIO. Casares reiteró que a lo largo de todo el proceso, el anterior gobierno había sido consciente tanto de la oposición que generaba el trazado como su afección. El teniente de alcalde recordó la moción presentada por el PSOE en la que solicitaba el soterramiento de la línea en 2014, una petición que el Concello denegó en base a que podría implicar una demora del proyecto. "El gran talador de Casas Vellas es Crespo y la Xunta" reprochó Casares, quien aportó también varios argumentarios del anterior gobierno para defender la actuación de Crespo y la negación de protección de este espacio, alegando a la gran cantidad de zonas de estas características que existen en el municipio, así como a la necesidad de incrementar el suministro eléctrico.