La Justicia destapa otra deuda impagada del Concello de Catoira, ésta de unos 184.000 euros. El actual gobierno, dirigido por el nacionalista Xoán Castaño, la conoció hace días, tras recibir un auto judicial fechado el pasado 27 de julio en el que se amenaza a la Administración local con el embargo de bienes municipales si en el plazo de dos meses no solventa la situación o no se compromete a hacerlo.
Tiene dos formas de proceder, o bien pagar lo que debe antes del 31 de diciembre próximo, o consignar las partidas correspondientes en el presupuesto municipal para hacerlo "en el margen temporal total de dos años".
Ese auto, dicho sea de paso, también advierte de que, en caso de incumplirse esas condiciones, podrían imponerse multas coercitivas al actual primer edil, a razón de mil euros mensuales.Duras críticas a García
Todo esto tiene que ver con un pufo que el anterior ejecutivo no sufragó, de ahí que tanto Castaño como su primera teniente de alcalde, María Paz, arremetieran ayer contra el exmandatario vikingo, el socialista Alberto García, acusándolo de haber ocultado éstas y otras facturas pendientes que confirmarían "la caótica y preocupante situación económica" a la que debe hacer frente a la localidad.
El citado auto está relacionado con dos sentencias, una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra y la otra dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).Plan de Ajuste Financiero
Atendiendo a esos fallos judiciales y a las explicaciones y acusasiones vertidas por Castaño y Paz, el anterior alcalde y su gobierno sabían de la existencia de esta deuda antes de aprobar y tramitar el Plan de Ajuste Financiero, a pesar de lo cual no la incluyeron en la relación de facturas a abonar.
También se comprueba que la deuda está relacionada con la intervención arqueológica realizada hace años en las Torres de Oeste, que contó con financiación organismos como el Ministerio de Fomento. Es decir, que el Concello cobró subvenciones para afrontar el proyecto, pero no pagó el importe total adeudado, de ahí que la empresa adjudicataria presentara una demanda judicial.Fraccionamiento "a diez o quince años", rechazado
De los mismos documentos se desprende que el Concello intentó fraccionar el pago "a diez o quince años" y la Justicia se negó. Como también que "el anterior alcalde ocultó facturas y sentencias" y que su gobierno, "aunque siempre lo negó, reconoce en sus informes y documentos internos que Catoira atraviesa una preocupante situación económica", alegaban ayer Xoán Castaño y María Paz.
Antes de indicar que los asesores jurídicos del Concello estudiarán ahora los pasos a dar, aunque se presentará recurso y se pedirá un aplazamiento de la deuda en, al menos un par de años, los nacionalistas detallaron todo lo sucedido.El relato de los hechos desde las obras en las Torres
Empezaron diciendo que "haciendo un ejercicio de transparencia, frente al oscurantismo de etapas anteriores, y manteniendo nuestro compromiso con los vecinos de Catoira, que tienen derecho a saber cómo está su Concello", se ven obligados a hacer pública de la comunicación judicial.
Castaño recuerda que la actuación en las Torres de Oeste contó con una financiación del Ministerio de Fomento equivalente al 75% de la inversión, lo que suponía más de 1,3 millones de euros. También recibió 209.000 euros de la Consellería de Cultura y 243.000 euros procedentes de las arcas municipales.
La obra fue adjudicada en 2010 a la empresa "Marconsa", que ofreció mejoras por valor de 371.000 euros que contemplaban el ensanche de la pérgola de acceso al recinto.
Y aquí surge el proceso judicial ligado a la actuación, para la cual Alberto García firmaba una resolución de Alcaldía en marzo de 2014 aprobando la liquidación definitiva de la obra.La primera sentencia
Fue febrero en 2016 cuando se dictó sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimando un recurso presentado por la empresa contra dicha resolución de Alcaldía.
De este modo daba la razón a la constructora y condenaba al Concello de Catoira a fijar a favor de la misma una liquidación definitiva de la obra por importe de 154.301,42 euros.
Lo que hizo la Administración local fue presentar recurso de apelación ante el TSXG, que en junio de 2016 decidió desestimarlo, manteniendo así la sentencia de origen.
Tras insistir en que "la oposición municipal y los vecinos no sabíamos nada de esto, porque el exalcalde siempre lo ocultó", Castaño explicó que lo que hizo el anterior gobierno fue pedir el aplazamiento "a diez o quince años", destapándose ahora este caso a raíz de la recepción del auto judicial que niega esa posibilidad y amenaza con el embargo y las multas coercitivas antes aludidas.Intereses de demora
Así se sabe, por ejemplo, que "lo que se adeuda a la empresa son 183.906,20 euros", de los cuales 154.301 corresponden a la liquidación definitiva ordenada por la sentencia (importe principal) y los casi 30.000 restantes son fruto de los intereses de demora generados.
Esto constituye "un caso de gravedad extrema" que, en cierto modo, "se agrava aún más al descubrirse las mentiras continuas de García, que siempre negó la existencia de una deuda municipal importante y, sin embargo, reconoce en los escritos presentados en este procedimiento judicial, que Catoira tiene 'un buen número de deudas pendientes de pago, por lo que se aprobó un Plan de Ajuste en abril de 2016 que no contempla el pago de la cantidad de 154.301 euros', llegando a asegurar que a causa de ese alto nivel de endeudamiento solo podría hacer frente a la factura con un fraccionamiento en diez o quince años".Una postura "irrisoria"
Parece que el propio auto ridiculiza la postura del anterior ejecutivo, llegando a decirle que parece "irrisoria y poco razonable", pues cuando aprobó dicho Plan de Ajuste Financiero ya se le había notificado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Contencioso, y por tanto tendría que haber incluido esta deuda.
"¿Por qué no quiso asumir García esta deuda?", pregunta Castaño, quien acto seguido lee un informe interno del propio Concello emitido por el equipo de García en el cual reconocía: "Debido a nuestro endeudamiento y menores ingresos anuales resulta muy gravoso cumplir con el pago no fraccionado". Dicho de otro modo, que "la deuda estaba ahí y García la reconocía en estos documentos internos remitidos al juzgado, aunque públicamente siempre quiso ocultarla".Cinco millones de euros en deuda acumulada
El resumen que hacen Castaño y María Paz es que "la irresponsable gestión de García va a tener un impacto brutal en la economía del Concello".
Como prueba de ello señala que "el propio secretario interventor reconoció en el juzgado la existencia de un desequilibro financiero y que a 31 de diciembre de 2016 la deuda ascendía a 4,9 millones de euros, lo que supone un 158% de los recursos ordinarios".
Este mismo funcionario también dejó constancia en su informe de que "resulta del todo imposible que el ayuntamiento pueda hacer frente al pago de los 154.000 euros de forma inmediata porque causaría un gravísimo e irreparable quebranto a la Administración municipal".
Todo esto es tanto como decir "que desde la oposición estuvimos alertando de la situación y García siempre nos tachó de mentirosos", lamenta el alcalde y líder del BNG.Las dietas del exregidor
Y añade: "Con el anterior gobierno no existía transparencia, se ocultó información y se generó una situación económica crítica, todo ello por la irresponsabilidad de un Alberto García que después de estar jubilado seguía cobrando, a razón de 75 euros al día, para así ingresar unos 1.900 euros en octubre, 1.700 en noviembre o 1.200 en diciembre de 2018€ y así hasta que cesó como alcalde".
Xoán Castaño termina diciendo que su predecesor, "que no se cortaba en comidas en los mejores restaurantes, cobró entre dietas y locomoción el año pasado más de 28.000 euros, a razón de 2.346 euros mensuales, dilapidando el dinero de todos sin importarle la crítica situación económica del Ayuntamiento".
La respuesta de García
Frente a todo esto, Alberto García indicaba esta misma mañana que no pagó la deuda que reclamaba la empresa Marconsa porque no quiso hacerlo, ya que había informes técnicos contrarios a esa operación. Y todo porque la constructora reclamaba una cantidad mucho mayor que la aceptada por la Administración local.
"No pagué, y no ordené hacerlo, sencillamente porque los informes del secretario interventor y demás técnicos eran contrarios a abonar la cantidad que reclamaba la empresa; y lógicamente, con informes en contra en la mano, no iba a dar la orden de abonar la factura, ya que sería prevaricar y despilfarrar el dinero de los vecinos", replica el jefe de filas del PSOE vikingo."Pedían más dinero del que le reconoce la Justicia"
E insiste en que "no se pagó, intencionadamente, porque no estábamos de acuerdo con la cantidad que reclamaba la empresa, que incluso pedía más dinero del que le reconoce la Justicia después de que presentara el recurso judicial".
Todo esto está relacionado con la intervención en el espacio arqueológico de las Torres de Oeste, y más concretamente con el ensanche de la pérgola de acceso al recinto y los honorarios de dirección de obra. "Por todo eso la empresa pedía más de 200.000 euros y nosotros entendimos que no había que pagarle más de 70.000, de ahí que denunciaran al Concello", relata García.Plan de Ajuste Financiero
Y añade que no incluyó el abono de esa deuda en el Plan de Ajuste Financiero de 2016 porque el proceso estaba judicializado y sería como reconocer una factura que el Concello creía desproporcionada.
Así las cosas, convencido de que en su gobierno "hicimos lo que estábamos obligados a hacer legalmente, porque no puede pagársele a una empresa todo lo que quiera si realmente no cumple", el exalcalde reprocha la reacción del nuevo ejecutivo nacionalista y le espeta que "el Concello tiene tiempo para recurrir y debe seguir adelante con el proceso; y si la Justicia le dice que tiene que pagar pues tiene que hacerlo".Mensaje a los nacionalistas
Del mismo modo resalta que es el BNG de Xoán Castaño "el que tiene que resolver ahora los problemas que se le planteen, y si no son capaces de hacerlo que se vayan a su casa".
A su juicio "todo esto es consecuencia de que entraron por la puerta de atrás en el gobierno (con el apoyo del PP y en clara minoría) y estuvieron treinta años de vacaciones en la oposición, sin preocuparse ni enterarse de nada, ya que todos los papeles están en el Concello y no necesitaban esperar hasta ahora para enterarse de lo sucedido con esa factura y las sentencias dictadas en 2016".Alcalde para lo bueno y para lo malo
Termina diciendo que "ser alcalde es serlo para lo bueno y para lo malo, para las cosas feas y las bonitas, por eso es el gobierno de turno el que debe lidiar con todo ello".
La Justicia amenaza a la Administración local con el embargo de bienes municipales si en el plazo de dos meses no solventa la situación o no se compromete a hacerlo. Puede pagarlo todo antes del 31 de diciembre próximo, o consignar las partidas correspondientes en el presupuesto municipal para hacerlo "en el margen temporal total de dos años".
Del mismo modo, la Justicia advierte de que, en caso de incumplirse tales condiciones, podrían imponerse multas coercitivas al actual primer edil, a razón de mil euros mensuales.
