09 de agosto de 2019
09.08.2019

La Justicia amenaza al Concello de Catoira con el embargo para que pague 184.000 euros

Es una deuda generada en 2016 que el anterior gobierno no abonó -Podrían imponer multas coercitivas de mil euros al mes al nuevo alcalde -Tiene dos meses para resolverlo

09.08.2019 | 02:48
El alcalde, Xoán Castaño, y la concejala María Paz, ayer. // Iñaki Abella

La Justicia destapa otra deuda impagada del Concello de Catoira, ésta de unos 184.000 euros. El actual gobierno, dirigido por el nacionalista Xoán Castaño, la conoció hace días, tras recibir un auto judicial fechado el pasado 27 de julio en el que se amenaza a la Administración local con el embargo de bienes municipales si en el plazo de dos meses no solventa la situación o no se compromete a hacerlo. Tiene dos formas de proceder, o pagar lo que debe antes del 31 de diciembre próximo, o consignar las partidas correspondientes en el presupuesto para hacerlo "en el margen temporal de dos años".

Un auto, dicho sea de paso, en el que también se advierte de que, en caso de incumplirse tales condiciones, podrían imponerse multas coercitivas al actual primer edil, a razón de mil euros mensuales.

Todo esto tiene que ver con un pufo que el anterior ejecutivo no sufragó, de ahí que tanto Castaño como su primera teniente de alcalde, María Paz, arremetieran ayer contra el exmandatario vikingo, el socialista Alberto García, acusándolo de haber ocultado éstas y otras facturas pendientes que confirmarían "la caótica y preocupante situación económica" a la que debe hacer frente a la localidad.

El citado auto está relacionado con dos sentencias, una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra y la otra dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Atendiendo a esos fallos judiciales y las explicaciones y acusaciones vertidas por Castaño y Paz, el anterior alcalde y su gobierno sabían de la existencia de esta deuda antes de aprobar y tramitar el Plan de Ajuste Financiero de 2016, a pesar de lo cual no la incluyeron en la relación de facturas a abonar.

En las Torres de Oeste

También se comprueba que la deuda está relacionada con la intervención arqueológica realizada hace años en las Torres de Oeste, que contó con financiación de organismos como el Ministerio de Fomento. Es decir, que el Concello cobró subvenciones para afrontar el proyecto, pero no pagó el importe total adeudado, de ahí que la empresa adjudicataria presentara una demanda judicial.

De los mismos documentos se desprende que el Concello intentó fraccionar el pago "a diez o quince años" y la Justicia se negó. Como también que "el anterior alcalde ocultó facturas y sentencias" y que su gobierno, "aunque siempre lo negó, reconoció en sus informes y documentos internos que Catoira atraviesa una preocupante situación económica", alegan Xoán Castaño y María Paz.

Habrá recurso

Antes de indicar que los asesores jurídicos del Concello estudiarán ahora los pasos a dar, aunque se presentará recurso y se pedirá un aplazamiento de la deuda en, al menos, un par de años, los nacionalistas detallaron todo lo sucedido.

Empezaron diciendo que "haciendo un ejercicio de transparencia, frente al oscurantismo de etapas anteriores, y manteniendo nuestro compromiso con los vecinos de Catoira, que tienen derecho a saber cómo está su Concello", se ven obligados a hacer pública de la comunicación judicial.

Casi dos millones

Castaño recuerda que la actuación en las Torres de Oeste contó con una financiación del Ministerio de Fomento equivalente al 75% de la inversión, lo que suponía más de 1,3 millones de euros. También recibió 209.000 euros de la Consellería de Cultura y 243.000 euros procedentes de las arcas municipales.

La obra fue adjudicada en 2010 a la empresa "Marconsa", que ofreció mejoras por valor de 371.000 euros que contemplaban el ensanche de la pérgola de acceso al recinto.

Y aquí surge el proceso judicial ligado a la actuación, para la cual Alberto García firmaba una resolución de Alcaldía en marzo de 2014 aprobando la liquidación definitiva de la obra.

Fue febrero en 2016 cuando se dictó sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimando un recurso presentado por la empresa contra dicha resolución de Alcaldía.

De este modo daba la razón a la constructora y condenaba al Concello de Catoira a fijar a favor de la misma una liquidación definitiva de la obra por importe de 154.301,42 euros.

El TSXG falló en contra

Lo que hizo la Administración local fue presentar recurso de apelación ante el TSXG, que en junio de 2016 decidió desestimarlo, manteniendo así la sentencia de origen.

Tras insistir en que "la oposición municipal y los vecinos no sabíamos nada de esto, porque el exalcalde siempre lo ocultó", Castaño explicó que lo que hizo el anterior gobierno fue pedir el aplazamiento "a diez o quince años", destapándose ahora este caso a raíz de la recepción del auto judicial que niega esa posibilidad y amenaza con el embargo y las multas coercitivas antes aludidas.

Así se sabe, por ejemplo, que "lo que se adeuda a la empresa son 183.906,20 euros", de los cuales 154.301 corresponden a la liquidación definitiva ordenada por la sentencia -importe principal- y los casi 30.000 restantes son fruto de los intereses de demora generados.

Esto constituye "un caso de gravedad extrema" que, en cierto modo, "se agrava aún más al descubrirse las mentiras continuas de García, que siempre negó la existencia de una deuda municipal importante".

Sin embargo, "reconoce en los escritos presentados en este procedimiento judicial que Catoira tiene 'un buen número de deudas pendientes, por lo que se aprobó un Plan de Ajuste en abril de 2016 que no contempla el pago de la cantidad de 154.301 euros', llegando a asegurar que a causa de ese alto nivel de endeudamiento solo podría hacer frente a la factura con un fraccionamiento en diez o quince años".

Parece que el propio auto ridiculiza la postura del anterior ejecutivo, llegando a decirle que parece "irrisoria y poco razonable", pues cuando aprobó dicho Plan de Ajuste Financiero ya se le había notificado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Contencioso, y por tanto tendría que haber incluido esta deuda.

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