01 de septiembre de 2018
01.09.2018

La CIG alerta de la situación de los trabajadores de una empresa de limpieza

Soil Recovery da servicios externalizados en varios concellos salinienses y entra en un preconcurso de acreedores

01.09.2018 | 03:32
Juan José Bouzas y Rosa Abuín comparecieron ante los medios. // I. Abella

La situación de los trabajadores de la empresa madrileña Soil Recovery S.L. ha propiciado la denuncia de la CIG por la "situación de desamparo" a la que se han visto obligados por la entrada de la organización en concurso de acreedores.

Ejerciendo diferentes labores de limpieza de contenedores, recogida de basura o trabajo en depuradoras de agua, eran muchos los concellos de la provincia que le encomendaron estas labores con servicios externalizados a los que concurrió la empresa.

De los treinta ayuntamientos que tenían una relación laboral con Soil Recovery, algunos de ellos pertenecen a la comarca de O Salnés. Son los casos de Ribadumia, Cuntis, Moraña, Meis, Meaño y Caldas. Juan José Bouzas y Rosa Abuín, agentes sindicales de la CIG, expusieron la gravedad de la situación a la que se ven ahora sometidos los trabajadores de la empresa y la indefinición laboral a la espera de ver si algún ayuntamiento acepta continuar con el servicio, asumiento la subrogación de los contratos de los que pertenecen a la empresa en quiebra para que puedan seguir ejerciendo su labor y puedan cobrar su salario en caso de que otra empresa se haga cargo del servicio.

Algunos de los Ayuntamientos de fuera de la comarca que ya han tomado cartas en el asunto han decidido no asumir ningún tipo de obligación con los trabajadores de Soil Recovery, por lo que los precedentes no juegan a favor de apostar positivamente por sus intereses.

Bouzas ha puesto el grito en el cielo subrayando que "la empresa se puso en contacto con los concellos, para que a tenor de la situación, haga lo que estime oportuno. Si no soluciona su situación de insolvencia la empresa tendrá que cerrar. Los perjudicados son los trabajadores que dejan de prestar un servicio y les obliga a demandar por despido y cuando llegue una nueva empresa no podrán ser subrogados. Y hay trabajadores que llevan 17 años realizando este trabajo. No sabemos el interés de tapar esta situación en perjuicio de los propios trabajadores que son los más indefensos".

Las personas afectadas son alrededor de una treintena realizando diferentes labores para los ayuntamientos. Rosa Abuín denunció "la connivencia de las administraciones con este tipo de empresas. Nos parece una hipocresía que se diga que se crea empleo en los concellos cuando los trabajadores no son subrogados. Los concellos hacen un favor a la empresa que va a la quiebra, los trabajadores denuncian y luego no son subrogados con la nueva empresa que se contrate".

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