Las comunidades de montes de Galicia saldrán a la calle el próximo 21 de abril para protestar contra lo que consideran "una privatización" de los montes vecinales que tiene en cartera la Xunta de Galicia. La manifestación será en Santiago y coincidirá con la celebración del "Día da terra" debido al simbolismo que representa esta efemérides para el colectivo.

Así lo decidieron ayer en Vilagarcía los asistentes a la asamblea anual de la Organización Galega de Comunidades de Montes, una reunión que abarrotó la sala de conferencias del Auditorio municipal. Además de integrantes de la organización procedentes de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Ourense -de Lugo no hubo representación-, también participaron comuneros que no son socios, como por ejemplo los colectivos que conforman la Mancomunidade de Comunidades de Montes de Vilagarcía (Rubiáns, Cea, Trabanca Badiña, Trabanca Sardiñeira, Guillán y Sobrán).

Según explica el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, "lo que quiere la administración es que desaparezcan las comunidades, y que los terrenos que gestionan democráticamente pasen a manos de empresas privadas. De ahí la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta, que modifica dos artículos relacionados con los montes".

Superficie confiscada

La novedad más destacada y que más preocupa a los comuneros es que la nueva legislación permitirá a la administración autonómica declarar un monte vecinal en estado de abandono "por meras cuestiones burocráticas" o por incumplir algún artículo de la Ley de Montes, como por ejemplo no constituir junta rectora en tiempo y forma. "En las zonas menos pobladas, con un elevado envejecimiento, cuesta encontrar gente que se quiera hacer cargo de montes, y puede ocurrir que durante un año no haya junta rectora", apunta el presidente de la Mancomunidade de Vilagarcía, Xurxo Abuín, quien tiene claro que "todo esto es un plan preconcebido para liberar miles de hectáreas que están en montes vecinales y regalarlas a empresas privadas". Y es que cuando un monte sea declarado en estado de abandono se le cederá a una empresa durante 50 años. "Después de ese tiempo nadie se acordará de que ese era un monte comunal", lamenta Xurxo Abuín. "Se pierde la memoria de ese monte", añade Xosé Alfredo Pereira.

Según el artículo 29 de la ley modificada en diciembre de 2017, la Consellería competente en materia de montes iniciará el procedimiento para la declaración de un monte vecinal en estado grave de abandono o degradación. Para ello requerirá a la comunidad de vecinos para que presente un instrumento de ordenación o gestión forestal en el que se exprese el plazo para su ejecución. En el caso de que no se presente en el plazo en el que le es requerido o que el instrumento no fuese aprobado por no ajustarse a los objetivos previstos para conseguir la gestión y mejora integral del monte, la Dirección General competente en materia de montes elevará a la Consellería la propuesta para que el monte sea declarado en estado de grave abandono o degradación.

Una vez realizada la declaración, la Dirección Xeral de Montes acordará la incorporación del monte al Banco de Terras de Galicia, con el fin de que la entidad gestora pueda ceder su uso y aprovechamiento.

El presidente de la Mancomunidade de Comunidades de Montes de Vilagarcía recuerda que la figura del monte vecinal solo existe en Galicia y en Portugal (baldíos), ya que en el resto de Europa ha desaparecido. Cree que la intención del Gobierno gallego es "eliminar" las comunidades de montes mediante esa declaración de abandono que recoge la legislación y que permite confiscar a los vecinos superficie forestal.

Sin embargo en Galicia las comunidades de montes no están en decadencia, pues existen unas 2.800 que gestionan más de 700.000 hectáreas, la cuarta parte del territorio gallego, según recoge la web de la Consellería do Medio Rural.