Miles de vecinos de A Illa y Vilanova han recibido este verano los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes a 2017 con un sustancial incremento con respecto a los de años precedentes. El "catastrazo", que en O Salnés estrenaron en Meis y Catoira, ha llegado así a estas otras dos localidades arousanas.

Los vecinos de A Illa han notado la subida especialmente en el IBI urbano, mientras que en el caso de los de Vilanova, la oficina de recaudación (el ORAL, dependiente de la Diputación) lleva unos días recibiendo numerosas consultas de vecinos extrañados por el aumento de sus recibos del impuesto de rústica. Esto se ha debido porque por primera vez el Ministerio de Hacienda les cobra por galpones o almacenes situados en fincas de uso agropecuario, por lo que hasta este año no pagaban.

Hacienda inició en 2013 un plan para sacar a flote miles de inmuebles ocultos a las arcas del Estado, al que sumó un plan de revisión de los valores de las propiedades. Los objetivos eran combatir el fraude que supone no declarar las construcciones y que los ayuntamientos pudiesen aliviar su asfixia económica con un aumento de ingresos derivados del IBI.

La implantación de la medida no ha sido homogénea en el tiempo para todos los municipios. Algunos solicitaron de forma voluntaria la revisión, como puede ser el caso de Vilanova, de ahí que la revalorización se haya aplicado antes. En otros casos, el Catastro la dejó para una última fase, por lo que los vecinos tardarán algo más en notar en sus bolsillos el "catastrazo". Sucede así por ejemplo en Cambados o Vilagarcía, donde el proceso de revisión aún está en marcha hasta mediados de 2018, por lo que previsiblemente las liquidaciones revisadas no llegarán hasta 2019.

Multiplicado por 10

El proceso de revisión catastral terminó en Vilanova en abril pasado, y algunos vecinos empiezan a notar ahora sus consecuencias, al tributar por construcciones que antes estaban exentas. Incluso se han dado casos de vecinos que han recibido comunicaciones en las que se les pide que paguen el impuesto correspondiente a los tres últimos ejercicios. Una situación que ha generado malestar, habida cuenta de que el hecho de que no se pagase hasta ahora por los galpones no fue responsalidad de los ciudadanos. El periodo de pago voluntario está vigente hasta finales de octubre, y aunque el importe depende del número y superficie de las parcelas, y de las construcciones, se puede estimar que se sitúa entre los 40 y los 60 euros en el caso de un propietario de parcelas de uso agrario y un galpón.

En A Illa el plazo de pago voluntario terminó a finales de agosto, y actualmente se tramita el de quienes lo tienen domiciliado. En este caso, la actualización afecta principalmente al IBI urbano, ya que en A Illa apenas hay fincas rústicas de suficiente tamaño como para tener que tributar por ellas. En el caso de los pisos o casas unifamiliares, el Ministerio les ha aumentado el valor catastral.

Los dos municipios de O Salnés donde empezó a aplicarse antes la revisión catastral fueron los de Meis y Catoira, ya que sus procesos terminaron a finales de 2014 y de 2015, respectivamente.

Posteriormente, en marzo de 2016 terminaron las investigaciones en Pontecesures y O Grove; en julio de ese año, en A Illa; y en abril pasado lo hizo en Vilanova. El 30 de septiembre finaliza el proceso de revisión en Ribadumia, y el 1 de julio del año próximo se dará por concluido en los ayuntamientos de Vilagarcía, Cambados, Sanxenxo, Meaño y Valga.

Se estima que con el plan de regularización del Catastro, los concellos ingresarán hasta un 50% por ciento más solo del IBI rústico.