La inspección urbanística en la comarca suma 70 derribos en cinco años con Pontevedra a la cabeza

Caravanas ubicadas en suelo rústico de protección costera, cobertizos o galpones ilegales, estructuras industriales en lugares no permitidos, pero sobre todo edificaciones residenciales en terrenos no urbanizables. Son las “víctimas” de la “piqueta” de la Xunta en los últimos cinco años en la comarca, a cargo de la Axencia de Protección la Legalidade Urbanística (APLU), según consta en el balance de actuaciones desde 2019 hasta 2023 divulgado por este organismo. Si en años anteriores Sanxenxo acaparaba la mayor parte de los derribos en los 14 municipios del territorio pontevedrés, junto con una destacada actividad en Poio, Marín o Vilaboa, la presencia actual de la “piqueta” en ese municipio costero es muy reducido y es la capital la que ha tomado el relevo en la cabeza de este ránking.

En estos cinco años analizados, la APLU ha decretado la demolición de al menos 70 edificaciones o estructuras en la comarca, y 18 de ellas (más del 25%) corresponden al municipio capitalino. Le siguen Poio (10) y Marín (8), por delante de Vilaboa (6), Barro (5), Cerdedo-Cotobade (4), Cuntis (4), Moraña (4), Sanxenxo (3), Caldas (3), Portas (3), Ponte Caldelas (1) y A Lama (1). Solo se libra de esta estadística, desde 2019 hasta ahora, Campo Lameiro.

En el caso de Pontevedra, en 2019 hubo siete derribos (de los 23 en toda la comarca) en lugares como Marcón, Verducido, Lourizán, Alba o Campañó. En casi todos los casos el denunciante fue la propia APLU, pero también hubo avisos del Concello. En 2020, con la incidencias de la pandemia, la actividad decayó, con apenas siete demoliciones en total, ninguna en la capital. Pero la “piqueta” se reactivó en 2021, con 17 intervenciones en la comarca, cuatro en la capital y otras 14 en 2022, tres en Pontevedra. En cambio, el pasado año apenas hubo nueve derribos, según el balance provisional realizado por la APLU, casi la mitad (cuatro) en el municipio pontevedrés. Se trata de tres viviendas y una caravana, todas ellas en suelo rústico o no urbanizable del rural.

En Poio fueron tres las demoliciones el pasado año: una ampliación de vivienda en zona de protección marítimo-terrestre, una terraza con la misma infracción y una caravana en suelo rústico. Marín y Cerdedo-Cotobade completan la lista de derribos del pasado año. En Marín se retiró una caravana cerca de la costa y en el segundo c aso era la presencia de contenedores de obra en suelo rústico.

Último derribo divulgado hasta ahora por la APLU en Pontevedra, realizado en agosto de 2023.

Vallas publicitarias, un desguace o los chalés de Chancelas

Decenas de expedientes para nuevas demoliciones aún están en trámites en toda la comarca, como es el caso de un desguace en Marcón, sobre el que pesa una orden desde hace años pero aún sigue en pie. Hace unos días el Concello volvió a insistir ante la APLU, ante tiene constancia de que se está procediendo con una retirada de los vehículos, pero que esta “es lenta y desesperante y no se está cumpliendo realmente la orden dada en los tribunales”, según el gobierno local. También a esta Axencia ha recurrido el Concello para una actuación de menor entidad pero que se extiende por buena parte del casco urbano: la retirada de vallas publicitarias sin permiso. Se han desmontaba ya decenas de ellas, en casi todo los casos a cargo de las empresas que las gestionaban. Pero no ocurre lo mismo con otros asuntos pendientes en la comarca. Hace años la APLU adjudicó el derribo de un antiguo club de alterne en Vilaboa, pero nunca se materializó, y colea desde hace años el caso de los chalés Mar Tambo de Chancelas, en Poio, donde solo uno de los propietarios optó por retranquear el tramo de fachada que invade la zona marítimo-terrestre. En Vilaboa también hay expedientes en marcha y recientemente una sentencia judicial frenó un derribo en ese municipio.

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