El Concello contrata a un detective privado para comprobar la baja de un bombero que daba un concierto

El Concello de Pontevedra hizo uso de un detective privado para comprobar si un funcionario que permanecía de baja por enfermedad desde varios meses antes ofrecía un concierto en Poio. Esta práctica ha provocado una escalada de reacciones de la oposición y de los sindicatos, que acusan al equipo que encabeza Miguel Fernández Lores de llevar a cabo “una persecución” de los delegados de los trabajadores y, en general, de los trabajadores municipales “que no les ríen las gracias”.

Por su parte, la concejala de Personal, Carme Fouces, incidió en que se trata de cuestiones no habituales, pero sí ordinarias en el día a día de una administración, que no puede desoir el mandato ciudadano de fiscalizar la labor de la plantilla y vigilar los gastos públicos, en este caso en personal.

Los delegados sindicales, encabezados por Héctor Santaló, comparecieron a mediodía de este miércoles para afirmar que la contratación del investigador privado es un “síntoma que se encuentra en el mal ambiente” laboral que se vive en el Concello. Explicaron que el trabajador (un bombero del servicio municipal de extinción) estaba de baja desde el 9 de junio de 2021 y en ese periodo sin actividad laboral por prescripción médica “decide hacer una actividad compatible con la causa que justificó esa baja”, en concreto un concierto que se iba a celebrar en Poio y que se publicitó en las redes sociales.

El concierto se anunció para el 23 de octubre de ese año 2021 y tres días antes del mismo “hay un informe del director general de Recursos Humanos en el que, ante la sospecha fundada de que ese funcionario va a participar en ese concierto, requiere la contratación urgente de un servicio de vigilancia”.

Se contrata al día siguiente, el 21 de octubre, “dando un claro ejemplo de celeridad inédita en la contratación administrativa”, continuó relatando Héctor Santaló, “y una vez que se realizan las comprobaciones por parte de esa empresa, más las conclusiones reportadas por el detective privado, la administración decide iniciar un expediente sancionador laboral a ese trabajador por unos hechos ocurridos estando él en situación de baja”.

Fouces reconoció que se trata de la primera ocasión, desde que es concejala de Personal, en la que se opta por contratar a un detective privado para investigar una baja. Con todo, recordó que “es una práctica que las administraciones públicas"

Una vez iniciado ese expediente disciplinario, el trabajador acudió a los sindicatos “que empezamos a hacer preguntas, sorprendidas, y fue cuando nos enteramos” de la contratación, a principios del pasado año 2022. La opción final de la administración, añaden, fue abandonar el procedimiento “que quedó estancado, al parecer las diligencias revelaron que los hechos no eran sancionables, entre otros motivos porque la actividad que desarrollaba este trabajador en aquel momento era compatible con la baja”.

No obstante, critican que el Concello no cerró el expediente sino que “lo mantuvo abierto durante 10 meses”. En fechas recientes, la junta de personal “un poco preocupados por la situación de persecución”, solicitó información sobre “qué actividades y testimonios” estaban implicados “y se nos responde que los datos no se nos comunican porque no había pruebas de cargo suficientes para acreditar la comisión de una falta disciplinaria. Es decir, la finalidad de este procedimiento desde nuestro punto de vista era asustar o amedrentar a la gente”.

Aseguran que el gobierno local persigue a trabajadores “por no comulgar con sus imposiciones… Saben que no pueden tener una solución jurídica honesta pero sí pueden causar muchas molestias en la vida diaria de estas personas”.

El bombero estuvo aproximadamente un año de baja, se reincorporó y después “volvió a hacer horas extras, denegación de asuntos propios, tuvo problemas con las vacaciones, y 6 meses después se volvió a dar de baja”, lamentó uno de sus compañeros. Otros integrantes de la junta de personal lamentaron que “en realidad se contrató un detective para vigilar a gente de los sindicatos. No estaba escondido, con hacer un expediente de investigación llegaba”.

Por su parte, la administración local recordó esta mañana que la contratación de detectives no es una práctica infrecuente en las administraciones para comprobar la veracidad de las bajas y aportar pruebas a la inspección médica. La concejala de Persoal, Carme Fouces, señaló que “cuando tenemos sospechas fundadas y evidentes de que alguna cosa funciona mal o hay algún problema, lo que hacemos es actuar. En este caso fue a través de la contratación para ver la ver la posibilidad si la baja de este bombero era compatible con esa actividad tan exigente”, en alusión a un concierto de death metal.

Integrantes de la junta de personal del Concello lamentaron esta mañana que “en realidad se contrató un detective para vigilar a gente de los sindicatos

Recordó que la administración “ha de actuar” y el equipo de gobierno es depositario de “un mandato de la ciudadanía, que es dar cuenta, cuidar, del dinero público, y parte del dinero público es el salario de los funcionarios del Concello. Si hay algún problema, si lo detectamos, tenemos que resolverlo… Por suerte la mayoría de los funcionarios de la administración en general no suelen tener problemas de este tipo ni suele haber este tipo de sospechas; pero cuando las hay hay que actuar.

Fouces reconoció que se trata de la primera ocasión, desde que es concejala de Personal, en la que se opta por contratar a un detective privado para investigar una baja. Con todo, recordó que “es una práctica que las administraciones públicas utilizan cuando lo precisan. Son pruebas irrefutables… Es la forma habitual de proceder cuando suceden estas cosas”.

La edil explicó que el bombero “llevaba muchos meses de baja. Nos pusimos en contacto para preguntarle cómo iba y comentó que tenía para mucho tiempo. En ese momento apareció en todas las redes y medios y la actuación musical, físicamente muy exigente, y nosotros no sabemos ni queremos saber el por qué de la baja. Lo único que preguntamos a la autoridad sanitaria era si era compatible la baja” con el recital.

El detective comprobó que efectivamente el trabajador participaba en el concierto.

Por su parte, la inspección sanitaria no contestó, siempre según el resumen de los hechos que expuso Carme Fouces, “le volvimos a preguntar. Y entonces contestó que el trabajador ya estaba incorporado y que no había lugar para esa incompatibidad… Dieron la callada por respuesta”.

“Queremos saber si efectivamente es así, si se ha recurrido a una empresa de seguridad privada para espiar a uno, o a varios trabajadores. Queremos saber si es una práctica habitual del Concello”, señaló la concejala del Partido Popular Pepa Pardo

También ha expresado su posicionamiento la oposición. La concejala del Partido Popular Pepa Pardo mostró la “absoluta sorpresa” de su formación política por la contratación de un detective. “Queremos saber si efectivamente es así, si se ha recurrido a una empresa de seguridad privada para espiar a uno, o a varios trabajadores. Queremos saber si es una práctica habitual del Concello”.

Esta misma mañana registró la solicitud del expediente completo de contratación, “que se nos justifique y motive si efectivamente ha sido así, si se ha destinado el dinero de todos los pontevedreses a contratar a un detective para seguir y espiar a trabajadores públicos”. En su opinión, “de confirmarse viene a ser una muestra más de la falta capacidad total y absoluta de gestión que tiene este Concello en materia de recursos humanos”.

“Quiero ver el expediente administrativo de contratación, el informe que justifique y quién fue el concejal que dio la orden de contratar” al detective, explicó, antes de insistir en que “es evidente” el conflicto laboral grave en el Concello. “Hay un maltrato por el ámbito responsable de Personal a sus trabajadores”.

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