“Recurriremos hasta donde haya que recurrir”. Así se expresó la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, con respecto a la sentencia que reconoce el carácter vecinal de los terrenos que ocupa el macrocomplejo de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, una parcela de monte comunal cedida hace décadas por el Concello al ente provincial. Silva explicó que en las dos reuniones que mantuvieron con la Comunidad de Montes de Mourente ésta solicitó un canon para la cesión de uso “inasumible”, por lo que si no cambia su postura, la Diputación presentará recurso ante la Audiencia Provincial, para lo que tendrá un plazo de 20 días desde su notificación. “Si finalmente todos esos recursos llevan a que se mantenga el contenido de esta sentencia, que respetamos, como no puede ser de otra forma, ya veremos qué decisiones tomamos, lo decidiremos en su momento”, recalcó la presidenta.
Carmela Silva apuntó que “la Comunidad de Montes de Mourente defiende lo que considera su interés, perfecto, pero este gobierno defiende el interés general. En la Ciudad de Príncipe Felipe hay un centro de menores que, por cierto, debería estar gestionando la Xunta de Galicia, porque no son competencias provinciales; hay centros de formación profesional, un centro de educación especial, un CEIP... Nosotros defendemos el interés general de la Diputación y de los vecinos en algo tan sensible como es que allí hay un centro de menores”. En este sentido, recalcó que “no vamos a asumir cánones que consideramos que no son adecuados ni justos”.
La presidenta provincial quiso hacer “algunas aclaraciones porque es obligado que se cuente la verdad. En primer lugar, esto es una cosa de los años 70 que nosotros heredamos, por lo tanto las responsabilidades de lo que se hizo corresponden a quien lo hizo en aquella época”. Carmela Silva relató que “cuando la Comunidad de Montes de Mourente nos pidió una reunión para hablar de la posible cesión de uso y que reconociéramos que esos terrenos formaban parte de la misma, los recibimos inmediatamente. Hubo una primera reunión donde nos decían que estaban dispuestos a la cesión de uso, pero nos pedían un canon inasumible e intolerable, lo digo con toda la claridad. Hubo una segunda reunión después de que tuvieran una asamblea en la que decidieron mantenerse en pedir ese canon y la Diputación de Pontevedra consideró que no era aceptable”.
“En todo caso”, continuó la presidenta, “el estado de derecho le da a toda la ciudadanía, a las personas individuales, pero también a los colectivos y asociaciones, las comunidades de montes, el derecho a poder defender lo que ellos consideran que es su patrimonio y a mí me parece perfecto, soy una demócrata convencida, así que no tengo nada que decir sobre que acudieran a los tribunales a reclamar sus derechos”.
Así, Silva afirmó que “si la Comunidad de Montes nos pide una cita, que no la pidió todavía, igual que tuvimos dos, podemos tener tres, cuatro, cinco y todas las que sean necesarias en la búsqueda de acuerdos, siempre en los límites de lo que esta Diputación considere que es asumible. En caso de que no sea así, recurriremos hasta donde haya que recurrir” e insistió en que “que nos pidan la reunión, que la celebraremos inmediatamente, pero que también sepan que nosotros defendemos el interés general, es una obligación de esta administración”.
