Tras ocho intensas sesiones, ayer, finalmente, quedó visto para sentencia el juicio por el alijo de 30 kilos de cocaína que fueron incautados en la gamuza seca (despensa) del pesquero de altura New Polar, a su llegada al puerto de Cangas en 2019 tras una marea en la que se supone que cargó la droga en Uruguay.
Finalizado el juicio, el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, sigue apuntando a los seis acusados en el banquillo como autores de un delito de integración en grupo criminal que se dedicaba a introducir y distribuir la cocaína en Galicia, por lo que mantiene su petición de dos años de cárcel por este delito para cada uno de ellos. Además, hay que sumar una petición de condena de 8 años para el resto de los acusados, con la excepción del cocinero, para quien pide siete años y cinco meses (además de los otros dos años de cárcel) al aplicarle una atenuante simple de confesión, a pesar de señalar que fue “sesgada” y ocultando datos. En total, los acusados se enfrentan a una petición de condena de 10 años de cárcel frente a los 11 que pedía inicialmente el Ministerio Público, con la excepción de Manuel M. C. para quien reclama 9 años y cinco meses de cárcel.
Los acusados se enfrentan a una petición de pena de 10 años, salvo el cocinero, a quien se le piden nueve años y cinco meses al aplicarle la atenuante de confesión, aunque esta fuese "sesgada"
El fiscal antidroga, en su intervención final, aseguró que Manuel M. C., cocinero del New Polar, se aprovechó de su condición de confidente de la UCO de la Guardia Civil para realizar un “doble juego” en el que, mientras proporcionaba cierta información a los agentes, controlaba sus movimientos para poder introducir así los 30 kilos de cocaína que traía ocultos a bordo del buque desde Uruguay. El fiscal asegura que los agentes “fueron engañados” y destacó que la investigación del EDOA completó la operación para llegar al resto de implicados una vez descubierto el alijo.
Por su parte, las defensas pidieron la absolución de los acusados por la nulidad de las actuaciones. También la defensa del cocinero, Manuel M. C., pidió su libre absolución al asegurar que su defendido actuó simplemente siguiendo órdenes de los agentes del ECO de la Guardia Civil a quienes llegó a acusar de “manipular la instrucción de la causa”. Según el letrado, los agentes hicieron creer a Manuel que estaba protegido jugando “un papel de agente infiltrado” y que se vio obligado a traer la cocaína a punta de pistola. Asegura que su intención fue siempre entregar la droga a los guardias civiles, algo con lo que discrepa el fiscal.
El resto de los acusados también solicitaron la absolución. Entre ellos el abogado del ayudante del cocinero, Luis P. S., quien cree que el fiscal debió retirar la acusación contra su cliente al que solo lo incriminan unos mensajes en los que se niega a ir a buscar los paquetes que Manuel le pide que saque del barco: Asegura que el cocinero lo utilizó “de chivo expiatorio, un tonto útil al que iba a cargar el muerto” si al final le hacía el favor a su compañero de trabajo de bajarle unas bolsas cuyo contenido dice que desconocía.