Nuevas convocatorias
Con la aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deberán tener en 2023 una ZBE, o zona de bajas emisiones. Pontevedra, tal y como anunció ayer el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, aplicará esa consideración de zona de bajas emisiones a todo el casco urbano de la ciudad pero también a otras áreas muy urbanizadas y con alta densidad de tráfico.
Aunque la superficie aún no está definida, se aplicará esta ZBE a lo que el regidor denominó como “toda la ciudad compacta”, es decir, no solo el casco histórico y el primer ensanche, sino también barrios como Campolongo, Mollavao, A Parda, Monte Porreiro u O Burgo, con el objeto de no “discriminar” a ningún vecino en materia de mejora de la calidad urbana y climática en la ciudad.
Con la nueva Ley de Cambio Climático, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener una zona de bajas emisiones
Así se recogerá en el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible que está actualmente redactando el ayuntamiento, adaptándose de esta forma a las exigencias legales en materia de lucha contra el cambio climático.
¿Y qué consecuencias prácticas tendrá para los ciudadanos el establecimiento de esta zona de bajas emisiones? Lores explicó ayer que Ley de Cambio Climático incluía inicialmente dos alternativas: La primera cobrar a los conductores que entrasen en estas áreas y la segunda exigir la etiqueta ecológica a los vehículos que quisieran hacerlo. El alcalde de Pontevedra considera que ambas opciones van directamente al bolsillo del ciudadano y explica que, a lo largo del año pasado, se pidió al Gobierno a través de la plataforma de As Cidades que Camiñan, que se incluyese en la ley una tercera alternativa para rebajar las emisiones y que consiste en la reducción de los niveles de tráfico. Algo similar a lo que ha venido haciendo Pontevedra en los últimos años con su modelo urbano y que, con las mediciones realizadas, se demuestra que ha sido más efectivo que otros ya puestos en marcha (Singapur, Londres o La Valetta) en los que se cobra por acceder a estas ZBE (se recaudaba más pero los coches continuaban entrando).
Lores explicó que, finalmente, esto no se recogió en la ley, pero el pasado 19 de septiembre se publicaron las directrices para establecer estas zonas de bajas emisiones y el Ejecutivo incluye esta tercera opción de constituir una ZBE utilizando medidas para restringir el tráfico innecesario.
Esta tercera opción será, por tanto, la elegida por Pontevedra para adaptarse a la ley en lugar de cobrar por entrar en la ciudad o exigir la etiqueta ecológica a los vehículos.
Pontevedra apostará por restringir el tráfico en las zonas con mayor densidad y evitar los desplazamientos de paso o en busca de aparcamientos
Lores anunció que esto va a conllevar, no obstante, más medidas de restricción al tráfico “innecesario o de agitación” en zonas de la ciudad que actualmente cuentan con una elevada densidad circulatoria. El alcalde, definió este tráfico innecesario como vehículos que están de paso o a la búsqueda de un aparcamiento (incidió en la palabra “búsqueda”, dado que se seguirá apostando por los aparcamientos de borde o disuasorios, los párkings públicos de pago o los estacionamientos de servicios) para reducir el tráfico “al mínimo imprescindible para que la ciudad funcione”.
En cuanto a la amplitud del espacio sobre el que actuar, insistió en que “nosotros queremos tener una zona de bajas emisiones legal y que atienda a la legislación vigente que no solo se ciña a la zona céntrica” y evitar “agravios” entre los vecinos de Pontevedra. “No se nos puede llenar la boca con las palabras cambio climático o sostenibilidad” y que las medidas luego se queden “en el papel”. “Nosotros queremos efectivizar esas medidas, que sean reales” y por esto apuesta por extender la zona de bajas emisiones a toda a ciudad.
Lores: “No se nos puede llenar la boca con las palabras cambio climático o sostenibilidad y que las medidas luego se queden en el papel. Nosotros queremos efectivizar esas medidas, que sean reales”
Lores explica que Pontevedra parte además de una situación que se encuentra a “años luz” de otras ciudades para cumplir la ley, dado que vienen dando pasos en este sentido “desde hace ya 22 años”.
También se pregunta cómo se van a adaptar muchas ciudades a las exigencias de esta nueva ley, dado que hay “poco tiempo” para hacerlo, y también qué alternativa van a elegir para crear estas ZBE. Por ejemplo, se cuestiona si apostarán por el establecimiento de zonas de bajas emisiones “pequeñitas” que no cumplirán con el objetivo que persigue la ley.
Un plan que se expondrá al público en breve y que deberá estar en vigor en 2023
En cuanto a las subvenciones, el regidor aseguró que “habrá nuevas convocatorias” a las que el Concello podrán acudir para desarrollar la alternativa por la que ahora se han decantado y que pasa por reducir el tráfico en toda la ciudad.
Consecuencias
El Plan Municipal de Movilidad Sostenible (PMUS) dedicará su capítulo X a estas zonas de bajas emisiones que obliga a establecer la Ley de Cambio Climático. Lores explicó que este documento, una vez resuelta la alternativa elegida para delimitar y establecer estas ZBE, estará listo en breve y será sometido a exposición pública para recoger sugerencias o reclamaciones. El objetivo es que el PMUS esté listo antes de 2023, dado que ese es el límite temporal que exige la nueva ley de Cambio Climático para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan estas áreas libres de contaminación. “Nosotros lo tenemos resuelto en gran parte”, por el trabajo realizado hasta ahora para la reducción de los tráficos innecesarios, explicó, porque “nos adelantamos porque ya sabíamos que esto iba a ocurrir”, indicó el alcalde. De hecho, explicó que el modelo urbano de Pontevedra logró reducir hasta un 70% las emisiones en la ciudad frente a otras estrategias en Asia o Europa que apenas llegaron a entre un 30 o un 40%.
El PP critica que se perdieran subvenciones por no tener PMUS y el alcalde pide que sean “serios” en este debate
El PP, a través del edil Pablo Fernández, criticó ayer mismo que Pontevedra fuese a la única capital de España que no solicitó los fondos “Next Generation” en materia de movilidad sostenible, con los que “la ciudad habría podido recibir más de seis millones de euros”. Asegura que fue, precisamente, la tardanza en la aprobación de un PMUS, indispensable para pedir las ayudas, lo que evitó que se pudieran tramitar. El alcalde Lores explicó que, precisamente, la elaboración del PMUS se ralentizó hasta que estuviera claro cómo se iban a ejecutar estas zonas de bajas emisiones dado que, hasta septiembre, tan solo se admitían las dos opciones antes citadas: o el cobro por entrar o la etiqueta “eco”. Asegura que aquellas ciudades que han solicitado subvenciones en esta convocatoria deberán dedicarlas ahora a alguna de estas opciones “y por lo que yo sé hay problemas gordos para llevar a cabo estas actuaciones”. Lores pidió a los populares “seriedad” y “rigor” en un debate que considera “muy importante” como para “jugar con ello” por parte de la oposición: “El PP debe definirse claramente sobre esta cuestión”, si quiere cumplir la ley a través de la alternativa elegida por el Concello o “cobrar por entrar con los coches o instalar cámaras de control para ver si entran solo vehículos con etiquetas ecológicas”.
