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Pontevedra dice adiós a las viejas cabinas telefónicas

Un pontevedrés comprueba si funciona una vieja cabina de teléfonos en la calle Eduardo Pondal. Gustavo Santos

Tras varios indultos durante los últimos años, basados en razones más nostálgicas que de utilidad pública, finalmente en 2022 las cabinas de teléfonos desaparecerán de las calles de Pontevedra, al igual que del resto de ciudades. La nueva Ley General de Telecomunicaciones, aprobada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, excluye tanto a cabinas como a las guías de teléfonos de los servicios básicos, que obligaba a las compañías a mantener un porcentaje de estos equipamientos en activo.

Hoy en día casi nadie usa las cabinas y la mayor parte de ellas están inservibles. Las compañías de teléfonos no las reparan porque hace tiempo que han dejado de ser rentables. Algunas siguen en pie porque la normativa obligaba hasta ahora a mantener cierto número de equipos en activo, pero desde el próximo año ya no habrá que conservar ninguna y no parece que ninguna empresa esté dispuesta a hacerse cargo de su mantenimiento.

Hoy en día casi nadie usa las cabinas y la mayor parte están inservibles. Las compañías no las reparan porque hace tiempo que han dejado de ser rentables. Algunas siguen en pie porque la normativa obligaba hasta ahora a mantener cierto número de equipo

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La nueva Ley General de Telecomunicaciones establece, entre otras cuestiones, mayores obligaciones de transparencia para los operadores, la posibilidad de desarrollar un sistema de alertas para la población, la desaparición de las cabinas y las guías telefónicas como parte del servicio universal y la inclusión en él de la banda ancha.

En cuanto a las cabinas, en la ciudad de Pontevedra queda poco más de una veintena, la mayoría destrozadas por el vandalismo y el abandono. En los últimos años las cabinas dejaron de tener utilidad incluso para resguardarse de la lluvia, ya que no estaban cerradas. Mucho menos para llamar por teléfono. A no ser por alguna circunstancia muy excepcional, rara es la ocasión en la que no haya un teléfono móvil a mano desde el que llamar.

La última prórroga del mantenimiento de este servicio público se aprobó el 1 de enero de 2019. Pero tras el Consejo de Ministros del pasado martes, desde el próximo 2022 ya no hay ninguna exigencia legal de conservarlas. Será el final de más de un siglo de historia de estos equipamientos.

En las calles de Pontevedra había en el último recuento oficial 31 cabinas telefónicas, pero la falta de cuidados y el vandalismo hacen que actualmente apenas superen la veintena. En la provincia de Pontevedra quedan actualmente 277.

La compañía Telefónica, como responsable de garantizar el denominado “servicio universal de telecomunicaciones”, debía mantener hasta ahora un cierto número de cabinas para uso público en cada localidad. Pero esta ley está a punto de expirar, lo que en la práctica significa la desaparición del servicio. Al menos Telefónica, ni ninguna otra compañía, estará obligada a mantener las cabinas a partir de ese momento.

Localizaciones

En Pontevedra la mayor parte de estos locutorios se sitúan en el centro de la ciudad, si bien también perdura alguna de estas viejas cabinas en Lérez (calle Juan Bautista Andrade), Monte Porreiro, San Mauro y entorno de las estaciones de tren y autobuses.

En Pontevedra la mayor parte de estos locutorios se sitúan en el centro de la ciudad, si bien también perdura alguna de estas viejas cabinas en Lérez (calle Juan Bautista Andrade), Monte Porreiro, San Mauro y entorno de las estaciones de tren y autobuses.

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Si bien la retirada de las cabinas no está marcada, el Gobierno ya ha dado por concluida la obligación del servicio universal. Además del evidente descenso de la demanda, su baja rentabilidad, el aumento de los costes y el hecho de que la mayor parte de los ciudadanos no utiliza esta instalación aconsejan su retirada.

El coste de mantenimiento venía siendo inasumible por su nula rentabilidad. En el año 2013 el mantenimiento del servicio alcanzaba los 19,5 millones de euros de coste, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este informe se acompañaba además una encuesta, según la cual el 88% de las personas preguntadas asegura que nunca utiliza los teléfonos públicos. De lo usuarios, prácticamente ninguno de menos de 30 años.

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