Abocadas al cierre. Así están la mayoría de las tiendas que venden animales tras conocerse el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, que añade nuevas normas sobre la que ya está en vigor, entre las que destaca por su controversia la prohibición de vender cualquier tipo de animal en tienda física excepto peces; esta actividad pasarían a realizarla solo personas criadoras registradas oficialmente. La entrada en vigor de esta nueva ley se prevé para el año 2023, pero la preocupación ha llegado ya al sector, que ha comenzado a recoger firmas para pedir al Gobierno que frene la implantación de la nueva normativa.
En Pontevedra hay alrededor de una decena de tiendas que comercializan productos para el mundo animal, algunas de ellas venden también animales de compañía como hámsters, conejos, peces, tortugas o pájaros y la mayoría lamenta que “vamos a tener que cerrar”. En los últimos años algunos de estos establecimientos han ido modificando sus servicios, ofreciendo complementos, juguetes, lavado y peluquería, con lo que ya no tienen apenas animales a la venta, pero las restricciones de la nueva ley les afectarán también indirectamente, pues están seguros de que cada vez menos gente tendrá mascotas por los requisitos legales que se les exigirán.
Uno de estos requisitos que recoge el anteproyecto de Ley es la necesidad de hacer un curso de formación antes de adoptar un animal de compañía. “Es verdad que algunas personas lo necesitan”, comenta la veterinaria Iria Amo, pero esto supondrá que mucha gente descarte hacerse con una mascota. “Al final, viviremos de vender pienso de perro y de gato, y el de perro tendrá cada vez menos salida. Se ve en otros países en los que tienen una ley similar: ya casi no quedan tiendas de barrio, los productos relacionados con animales se limitan a grandes superficies”, lamenta Miguel Iglesias, propietario de Glu Glu Pet, en la calle Benito Corbal.
“Soy un firme defensor del bienestar animal, pero la nueva ley hay que leerla entera, tiene un trasfondo que nos va a afectar directamente, mucha gente no se ha dado cuenta de la repercusión que puede tener”, comenta Iglesias, que recalca que “una cosa es no poder criar y otra no poder vender”. Se refiere concretamente a una parte del texto en la que se prohíbe la cría de animales a particulares, regulándose quienes trabajan con ellos y elaborándose un registro. Estas personas deberán estar formadas en criterios de positividad razonados y con una formación concreta. Además, los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.
“Hay cuestiones que es importante controlar, como la compra-venta de ciertos animales, pero también hay algunas especies que si no se comercializan van a acabar desapareciendo, como los hámsters o los conejos enanos”, apuntan los profesionales del sector, que lamentan que, por ejemplo, la nueva ley no imponga restricciones al mundo taurino.
Sí recoge el anteproyecto que el uso de fauna salvaje en los circos queda totalmente prohibida, así como la permanencia de mascotas en terrazas, balcones o similares. Además, no se podrán utilizar animales como recompensa, premio, rifa o promoción y se creará un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía. Entre las obligaciones que recoge el texto y que generan más polémica está la esterilización de mascotas si conviven varios ejemplares de distinto sexo que se puedan reproducir.
Por otra parte, los vendedores piensan que estas medidas “fomentarán un mercado negro, que ya existe, pero que con la ley, será incontrolado”. Otro de los puntos sensibles en el texto son los casos de divorcio, los animales tendrán los mismos derechos que las personas y deberá ser un juez el que decida sobre las custodias, régimen de visitas y manutención. El incumplimiento de la ley puede acarrear sanciones económicas importantes. Por ejemplo, matar un animal de forma intencionada o causarle secuelas permanentes y graves estará sancionado con una multa de entre los 100.000 y los 600.000 euros.
