Los delitos telemáticos se incrementaron en Pontevedra entre un 30 y un 40% en el último año y medio, según las cifras aproximadas que maneja la comandancia de la Guardia Civil. Este aumento es un patrón que se repite no solo en toda Galicia y España, sino también en Europa, de ahí que la UE apueste por reforzar las unidades que investigan estos delitos informáticos en todos los países de la Unión, algo que se verá reflejado muy pronto también en Pontevedra.
Ante la constante subida de casos relacionados con delitos a través de Internet, especialmente estafas, la Guardia Civil se plantea reforzar con más personal y medios el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) a través de una nueva estrategia de cinco años para hacer frente a la delincuencia organizada impulsando la colaboración entre países, lo que influirá en la mejora en el uso de las herramientas digitales en las investigaciones.
El agente Ricardo Silva, integrante del Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, explica cómo la Unión Europea realiza un estudio de la delincuencia “y pone el foco en donde considere que hay, con los datos en la mano, una problemática mayor. En este caso, los cinco años han empezado en 2021 y Europa pone mucho el foco en la ciberdelincuencia, están muy preocupados porque está disparada en todos los países, no es solo cosa de España, y va a realizar una serie de propuestas y apoyo económico a todos los países de la Unión para que se luche contra ella”.
Silva comenta que este aumento en los delitos telemáticos “lo estamos apreciando sobre todo en el ámbito patrimonial, lo que vienen siendo estafas, el resto de delitos más o menos mantienen un nivel similar al que tenían antes de la pandemia, pero las estafas se han disparado”. El COVID, con los diferentes confinamientos que se han tenido que guardar en los últimos meses, ha sido clave para este incremento de los ciberdelitos al cambiar el estilo de vida y los hábitos de consumo de la mayoría de la población. “Se han unido dos factores, porque la tendencia en este tipo de delitos ya era al alza, y después la pandemia ya hace que explote esta situación porque la gente pasa más tiempo en casa”, apunta el agente.
“Durante la época dura del confinamiento los comercios permanecieron cerrados y después la gente se volvió más reacia a salir, entonces la opción que tenían de consumo era el comercio electrónico. Mucha gente que era reacia a utilizar estas plataformas, se lanzó a ello, abrió un poco su mente y como no les quedaba más remedio empezaron a comprar en las tiendas online. Esto hace que de repente aumente de golpe la cantidad de objetivos o víctimas de los estafadores”, comenta Silva, que en este sentido apunta que “personas que no tenían especial habilidad con temas tecnológicos, especialmente personas de edad más avanzada, tímidamente entran en este sector y en sus primeros contactos con Internet, ya por tener menos experiencia o por ser más confiados, por tener menos precauciones que otro tipo de personas más habituadas a esto, se convierten en potenciales víctimas”. Así, pone como ejemplo que “ven una página web en la que venden bolsos de marca con ofertas increíbles y no sospechan que pueda ser mentira; después nunca reciben la mercancía”.
El guardia civil recalca que “los ciberdelincuentes son unas personas que están muy ojo avizor de la situación social y ven en la situación actual una oportunidad muy grande, porque va a haber muchas víctimas potenciales”. Recuerda, además, que “también se aprovechan de la situación económica de las personas. Con muchísima gente en ERTE, con negocios cerrados, autónomos en situación precaria... Se ve un incremento de delitos relacionados con inversiones. Ofrecen inversiones en acciones, en criptomonedas o en empresas tecnológicas, por ejemplo; son productos perfectamente legales, pero esta gente simula inversiones con una falsa promesa de disparar tus ingresos, pero la inversión no existe y después el dinero realmente desaparece”.
Las ciberestafas están también directamente relacionadas con el coronavirus. Si bien al inicio de la pandemia hubo muchas ofertas falsas de productos sanitarios, como mascarillas o geles hidroalcohólicos, aprovechando el desabastecimiento de material, “ahora vemos que se están ofreciendo certificados COVID falseados para quienes, por lo que sea, no han sido vacunados”.
Ricardo Silva señala que “la gente más vulnerable” a este tipo de delitos “es la que tiene menos cultura tecnológica, por decirlo de alguna manera, pero independientemente de su edad” y aconseja “ser muy escéptico siempre. Nadie ofrece duros a cuatro pesetas. Si veo una oferta excesivamente buena, debo desconfiar; alguien me llama por teléfono y me ofrece unas inversiones con unas ganancias inimaginables, hay que desconfiar y tomarse la molestia de documentarse, de verificar si esa web tiene reseñas negativas, intentar contactar con otros clientes... Sobre todo a la hora de invertir”.
Solo el 10% de las estafas, amenazas, acosos o delitos sexuales por internet se esclarecen
Según recoge la última memoria de la Fiscalía de Galicia, la delincuencia informática ha aumentado hasta un 74,16% en el último año. La cifra total en 2020 es de 1.085 delitos informáticos incoados y contrasta con el descenso en la cifra global del resto de delitos incoados a lo largo de 2020, el año de las restricciones de movilidad, que caen un 20% respecto a 2019.
Estafas, amenazas, coacciones, acosos y delitos sexuales navegan impunemente por internet. Casi el 90% no logran esclarecerse y es que aunque el mundo delictivo se ha pasado masivamente a las redes, apenas el 10 por ciento de estos delitos llegan a los juzgados, pues para ello debe constar un autor conocido y en la mayoría de las ocasiones se desconoce. Lo que supone que entre el 90 y el 98% de la delincuencia informática real forma parte de una delincuencia oculta, según la memoria de la Fiscalía. De los 11.631 casos registrados en Galicia en 2019, se esclarecieron 1.901, según las últimas valoraciones hechas públicas por el Ministerio de Interior.
En el último año la Fiscalía de Galicia abrió un total de 1.085 nuevos procedimientos por delitos informáticos. La provincia de Pontevedra encabeza el número de investigaciones, con 557 delitos, (más de la mitad de los registrados en la Comunidad).
