La Diputación de Pontevedra reclamará a la Xunta de Galicia la inmediata actualización del módulo/hora que paga a los ayuntamientos por la prestación del Servicio de Axuda no Fogar ( SAF), dado que abona solo 9,70 euros/hora por un servicio que está siendo adjudicado en cifras próximas al doble, causando así un fuerte impacto en las economías municipales. El acuerdo fue adoptado en el Pleno con los votos favorables del PSdeG-PSOE y el BNG y la abstención del PP.

El gobierno provincial destaca que el SAF se gestiona por los ayuntamientos por su cercanía a las personas usuarias, pero se trata de un servicio de competencia autonómica al estar encuadrado dentro del Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La Xunta lo financia con un módulo horario que está congelado desde el año 2016, que quedó totalmente desfasado por el transcurso del tiempo, por el impacto de la pandemia y, fundamentalmente, tras el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en el año 2020.

La Diputación denuncia que la Xunta viene de recibir este año 45 millones de euros extra para reforzar la atención a la Dependencia y que el SAF es el pilar de la atención en Galicia. Por tanto, exige la actualización inmediata del módulo que perciben los ayuntamientos, cuando menos a 12 euros por hora de prestación. Además, se solicita un compromiso de la Consellería de Bienestar para seguir actualizando el módulo durante los dos próximos años hasta alcanzar el 100% del coste real en precios de mercado. Finalmente, la Diputación pide un gran pacto gallego entre todas las fuerzas políticas para mantener en el futuro un sistema de financiación del SAF “justo y equilibrado”.

En ese sentido, Carlos López Font, portavoz del grupo socialista, subrayó que el SAF se convirtió “en un problema que indigna a todos los alcaldes y alcaldesas de Galicia, incluidos los/las del PP, uno quebranto especialmente grave para los ayuntamientos más pequeños, que son incapaces de seguir asumiendo el crecimiento en el coste”. Por este motivo exigió que se “ descongele” el precio que pagada la Xunta por un servicio autonómico en el que los ayuntamientos deberían limitarse a colaborar en la gestión y que se deje de “ahogar” unas economías municipales que ya están mermadas por todas las competencias impropias asumidas durante la pandemia.

Precisamente, Font explicó que un informe de la FEGAMP subraya que las personas demandantes de SAF aumentaron en un 19% en esta crisis sociosanitaria y hizo un repaso al “período nefasto para la atención a la Dependencia del Gobierno de Rajoy”.