La defensa, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado llegaron ayer a un acuerdo minutos antes de que tuviera lugar la celebración del juicio por la trama del IVA en la que aparece involucrada la empresa Conservas Iglesias, a través del que fuera su administrador Ángel Ramón Iglesias Vidal. Hay una sustancial rebaja en la condena respecto de las penas solicitadas por la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal que iban de la mano en la causa.

El acuerdo consiste en que se condena a Ángel Ramón Iglesias por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2013 a un año de prisión, una responsabilidad civil de 584.000 euros y una multa el doble que la mencionada cantidad. Por el ejercicio del año 2014 se le condena a un año de prisión, no hay responsabilidad civil porque el empresario regularizó posteriormente su situación con Hacienda, y una multa de 300.000 euros. Por el delito de falsedad documental se le condena a una pena de 11 meses de prisión.