La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado, de acuerdo con el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado, a tres años de cárcel a un médico pontevedrés que solicitaba dinero a cambio de expedir certificados de defunción.
Además, le impuso siete años de inhabilitación para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina, según ha informado el TSXG.
El Tribunal del Jurado consideró al acusado, que cometió los hechos entre 2016 y 2018, cuando ejercía en un Centro de Atención Primaria del Sergas en Pontevedra, culpable de un delito continuado de cohecho.
La magistrada presidenta destaca en la sentencia que está fuera de toda duda que los certificados de defunción son gratuitos y, en cuanto a la solicitud de pago por parte del médico, subraya que los testimonios de los empleados de las funerarias son “absolutamente contundentes, persistentes y creíbles”, al igual que los de los familiares de los fallecidos.
Varios de ellos explicaron en el juicio que el facultativo, destinado en el centro de salud de A Parda, exigía mordidas de entre 30 y 100 euros por los certificados, presionando así a funerarias y a allegados para que pagasen si las funenarias querían hacer su trabajo con rapidez y no demorarse. Y es que el médico solía aprovecharse de que los decesos se producían en festivos o fin de semana cuando él estaba de guardia en el PAC de A Parda y el fallecimiento no podía ser certificado por el médico de cabecera.
El acusado exigió en varias ocasiones el pago de cantidades de entre 30 o 100 euros por estos certificados que son gratuitos
En el relato de hechos probados se recogen al menos cuatro casos en los que el acusado cobró o exigió el cobro de dinero por la expedición de este certificado que es gratuito.
Modus operandi similar
En el fallo, la magistrada presidenta de la Sección Cuarta destaca además una de las apreciaciones del jurado que es que el testimonio de las familias y de los empleados de las empresas funerarias detalla un modus operandi muy similar en todos los casos y siempre con el mismo médico de protagonista. Acudía al domicilio, corroboraba el fallecimiento, pero obligaba a un miembro de la funeraria a desplazarse a su despacho en donde le exigía el pago de estas cantidades.
Hace constar el jurado que los testigos eran todos además personas que “no se conocen entre ellos y consideran que no existe un interés” en perjudicar al acusado, quien había negado los hechos y acusado del afán de cobrar a las empresas funerarias.
La sentencia no es firme y contra ella se puede interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
