La Fiscalía Provincial de Pontevedra sostuvo ayer ante el jurado popular que juzga el caso que hay “pruebas suficientes” para condenar por un delito continuado de cohecho a un médico adscrito al PAC de A Parda acusado de exigir pagos por emitir certificados de defunción. El fiscal del caso, Jesús Calles, ratificó su petición inicial de tres años y medio de cárcel así como su inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante siete años y medio. La defensa solicitó la libre absolución. El acusado había señalado a las funerarias el día anterior como responsables de los cobros, mientras que él negaba haber percibido pagos.
Calles mantuvo su acusación después de que desfilaran por la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra numerosos testigos, tanto familiares como empleados y responsables de empresas funerarias, que aseguraban que este médico les exigía dinero a cambio de entregar los certificados de defunción de las personas fallecidas.
Se trataba de decesos por causas naturales que se producían normalmente en fin de semana, cuando él, como médico de urgencias del PAC, era quien acudía a dar fe de fallecimientos a domicilios particulares en donde era requerido por el 061 o el 112.
Según el relato de varios testigos, el “modus operandi” sería siempre muy parecido: El médico acudía al domicilio a confirmar el fallecimiento pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el deceso. Esto impedía que las funerarias pudieran trabajar para trasladar el cadáver o incluso proceder al enterramiento, para lo que el juzgado requiere el certificado de defunción. Como destacaron los peritos, se trata de un documento gratuito y al que tiene derecho todo usuario de la sanidad pública.
Los testigos hablaron de cobros de 30, 70 o 100 euros por la entrega de la documentación que acreditaba los decesos
Según declararon, el médico instaba a familiares y funerarios a que fuesen por su consulta en el PAC de A Parda para recibir el certificado, pero una vez allí, solo permitía entrar a los empleados de las empresas y les exigía el pago de ciertas cantidades (se habló desde 30 a 70 y 100 euros) por entregárselo.
Especialmente contundentes fueron las manifestaciones de dos empleados de una funeraria y del responsable de una tercera radicada en Cotobade. En el caso de los dos primeros, señalan que tuvieron que pagar para lograr tan siquiera el certificado de “exitus” del paciente, para poder trasladar a los fallecidos desde Pontevedra a los lugares de Chantada y Mazaricos de donde eran originarios. “Nos ponía entre la espada y la pared”, explicaba este empleado de una funeraria que debía trasladar un cadáver a Mazaricos.
"Nos ponía entre la espada y la pared", dijo el trabajador de una funeraria, quien aseguró que el médico les decía que "todo el mundo pagaba menos nosotros"
Este trabajador de una funeraria afirma que tanto las familias como las funerarias terminaban por acceder al pago ante la presión para sacar el cadáver del domicilio y llevarlo al tanatorio cuando la gestión con este médico se eternizaba. La funeraria le preguntaba a la familia si aceptaba el pago y “estos accedían ante esa desesperación”, señaló este empleado de una funeraria pontevedresa. “Él nos decía que aquí todo el mundo paga, que la funeraria era una empresa privada y que él quería su parte del negocio”. “Presumía en el sector de que todo el mundo le pagaba” y afirmó también que actuaba con “total impunidad y alevosía”.
Una familiar, hija de una fallecida, confirmó esta situación cuando la funeraria le informó de que el médico quería cobrarle por el certificado: “Le dije que pagase, no iba a dejar a mi madre fallecida en cama hasta el lunes”, explicó, aún convencida de que el certificado tendría que ser gratuito.
Otro responsable de una funeraria asegura que se negó a pagar pero al final tuvo que hacerlo: "Me dijo que me iba a dar un recibo pero no me dio nada"
El responsable de una funeraria de Cotobade también acabó pagando a pesar de saber que no debería hacerlo. Aseguró que, después de varios cobros anteriores a sus empleados, decidió tomar cartas en el asunto él mismo y acudir en persona a solicitar el certificado a este médico. Ante la negativa del galeno a darle el certificado gratis como establece la ley, incluso trató de acudir al juzgado de guardia, pero acabó pagando la cantidad que le exigió: 30 euros, ante la petición de la familia para poder enterrar al fallecido sin demora. Al día siguiente denunció los hechos ante el juzgado. “Le pedí un recibo, me dijo que me lo iba a dar pero no me entregó nada”, explicó. “Me dijo que nuestra funeraria era la única que le ponía problemas, que todo el mundo pagaba menos yo”. El fiscal destacaba en sus preguntas que se trataba de funerarios que no se conocían entre sí.
Amenazas a un familiar
También declaró otro familiar que se negó a pagar por este certificado aunque pudo acudir al médico de cabecera. Afirma que el propio acusado lo llamó por teléfono para amenazarlo por presentar una reclamación contra él ante el Sergas.
La vista oral finalizó ayer con la lectura de los informes por parte de la Fiscalía y la Defensa y la presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia procederá hoy a entregar el objeto de veredicto al jurado para que dictamine si el acusado es o no culpable del delito que se le imputa.
