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El pazo de Lourizán espera su rescate

Estado que presentaba ayer el majestuoso pazo de Lourizán, apuntalado en algunas zonas. | // GUSTAVO SANTOS

En tiempos tan difíciles como estos, hay situaciones que forzosamente pasan a segundo plano. Y en el caso del Pazo de Lourizán, si salvarlo de la ruina no parecía ya una prioridad para las administraciones en la vieja normalidad, su lenta agonía pasa todavía más inadvertida en tiempos de pandemia.

En los últimos días se cumplían 30 años de la cesión de la finca de Lourizán a la Xunta por parte de la Diputación para desarrollar el Centro de Investigación Forestal. La cesión incluía también el histórico Pazo, residencia que convirtió en un palacio de estilo romántico el ministro Montero Ríos y que lleva la firma del arquitecto Jenaro de la Fuente. Aquel convenio de cesión tenía precisamente una duración de 30 años que se cumplieron el pasado 22 de enero, de tal forma que, según dicho convenio y al no ser denunciado por ninguna de las dos partes, se prorrogó de manera automática ese mismo día por otros 10 años.

Detalle de las ventanas del Pazo de Lourizán, en una imagen tomada ayer. Gustavo Santos

Para los colectivos que vienen luchando por evitar que el pazo acabe en la ruina debido a su desatención y falta de inversión a lo largo de estos últimos años, como es el caso de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, el cumplimiento de los 30 años de este convenio de cesión pudo ser una buena oportunidad para que ambas administraciones abordasen el futuro del histórico inmueble.

Tanto Diputación como Xunta llevan años tirándose los trastos a la cabeza sobre quien tiene la responsabilidad de restaurar el Pazo de Lourizán, así como su futuro y el proyecto al que debe ser destinado. La Diputación acude al articulado del convenio ahora prorrogado que claramente establece en su cláusula tercera, en el apartado D que es el inquilino, es decir, la Xunta, quien debe “efectuar, previo informe da Consellería de Cultura e Xuventude, as obras de conservación necesarias para o mantemento da zona noble do actual conxunto, respetando en todo caso o seu carácter artístico e monumental e concertando previamente coa Diputación calquera alteración dos elementos que a compoñen”.

La Xunta, por su parte, presentó un proyecto para recuperar el Pazo con la financiación de Ence, de tal forma que la pastera ocuparía parte del pazo para un laboratorio de investigación forestal. La Diputación rechazó la propuesta al asegurar que no iba permitir que el palacio, o la actividad que se desarrollase en el mismo, no tuviera una gestión pública sino de iniciativa privada.

Se calcula que el coste de su recuperación puede alcanzar los 14 millones de euros

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De esto hace ya tres años en los que el Pazo de Lourizán sigue desmoronándose. Ya entonces, un informe de la Diputación alertaba de las graves deficiencias que presentaba, los riesgos estructurales en algunos puntos que tiene el edificio actualmente así como el de incendio por el deterioro de la instalación eléctrica, entre otros. De hecho, varias zonas del edificio permanecen apuntaladas desde entonces. Se calculaba el coste para repararlo en 14 millones.

Ante esta situación, la Diputación había anunciado que recurriría a los tribunales para obligar a la Xunta a cumplir con lo establecido en el convenio y que realice las inversiones necesarias para dar cumplimiento al convenio y mantener en buenas condiciones el edificio histórico. Fuentes del ente provincial, confirmaron ayer que estas actuaciones judiciales están en marcha y pendientes de resolución ante una sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Declaración de BIC

A la espera de que los tribunales resuelvan esta disputa entre Diputación y Xunta, Amigas y Amigos de Museo sigue también con su particular batalla para intentar lograr la máxima protección posible para el edificio. El colectivo solicitó a la Xunta de Galicia su declaración como Bien de Interés Cultural, pero desde el gobierno autonómico les solicitaron que acompañasen esta petición de un amplio informe que justificase la medida. El colectivo se encuentra actualmente en este proceso de recabar información y elaborar dicho informe. Su presidente, Ernesto Vázquez-Rey, espera que dicha declaración no llegue cuando sea demasiado tarde: “Desgraciadamente, no soy nada optimista”; indicaba ayer.

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