La Xunta no parece dispuesta a rehabilitar el Pazo de Lourizán, como le exige la Diputación, al entender que esa es una obligación legal de la institución provincial. Así se desprende de la reacción de ayer del PP de la provincia contra la decisión del gobierno que preside Carmela Silva de emprender acciones legales para forzar al Gobierno gallego a asumir la rehabilitación del emblemático edificio.

Pepa Pardo, una de las portavoces del grupo provincial del PP, emplazó ayer a la Diputación "que asuma sus obligaciones y que acomete las obras en el Pazo tal y como obliga la Lei de Rehabilitación de Galicia". Insiste en que "la ley es muy clara, los titulares de los edificios son los que están obligados a conservarlos y mejorarlos y el Pazo no puede ser una moneda más para que el bipartito ataque a la Xunta", indica Pardo.

En cambio, el gobierno provincial esgrime que el convenio firmado hace casi veinte años con la Xunta para la cesión de uso de las instalaciones de Lourizán establece que es el ejecutivo autonómico el encargado de su mantenimiento. Es por ello que ahora se decide acudir al juzgado para reclamar que se cumple ese acuerdo.

Para el PP esta vía judicial "no es más que la confrontación que pretende Carmela Silva" y Pepa Pardo lamenta al respecto que "la idea del bipartito para mejorar las relaciones con la Xunta sea denunciarla en el juzgado".

Esta respuesta del PP implica que la Xunta pugnará en los tribunales para no asumir una rehabilitación que, a su juicio, debe realizar la Diputación. De hecho, Pardo, que también es concejala popular en Pontevedra, destaca que la entidad provincial "está gastando el dinero de todos en busca de beneficio político. Sería mucho más útil que emplearan ese dinero en rehabilitar el Pazo, como dice la ley". Se refiere a los "casi 20.000 euros destinados a un bufete externo para que dé los primeros pasos de la demanda judicial". La reparación del deterioro del edificio se cifra en unos 14 millones de euros.