Hace unas semanas, Augas de Galicia se quejaba de que no tenía respuesta de Costas del Estado sobre la concesión de terrenos marítimo-terrestres solicitada en su día para ejecutar el segundo emisario submarino de la ría de Pontevedra, una canalización de 3,6 kilómetros destinada a verter el agua que depure en el futuro la planta de Placeres. Sin embargo, un mes después de aquella queja, la misma Consellería de Infraestruturas admite que "hay contactos" entre ambas partes y si la autorización de Costas aún no se ha recibido es porque la Xunta aún debe remitir al ministerio, al menos un informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental que certifique las garantías del proyecto en este apartado.
Fuentes oficiales de Infraestruturas optan por el momento por la cautela sobre el estado de tramitación del emisario y se limitan a señalar que "hay un intercambio de documentación" entre ambas partes. La controversia que genera esta actuación hace que se mantenga un "perfil bajo" al respecto.
Sea como sea, se da por hecho que durante el verano no se recibiría la posible concesión, por lo que, de momento, el emisario sigue sin pode licitarse, con un presupuesto que ronda los diez millones de euros. La concesión de Costas es precisa para utilizar terrenos marítimo-terrestres en los que ubicar la cámara de carga, un edificio que se diseña en terrenos colindantes a la actual planta, muy cerca del antiguo campo de fútbol de Placeres, pero fuera de la concesión actual.
Hace un año
En mayo de 2018, hace poco más de un año, Costas regularizó la situación de la actual depuradora al otorgar una concesión sobre la parcela que ocupa y fue entonces cuando Augas de Galicia puso sobre la mesa la petición de autorización para este segundo emisario submarino, canalización diseñada en septiembre de 2017 con 3,6 kilómetros de longitud y diez millones de presupuesto.
Ya se da por hecho que su ejecución no podrá comenzar este año, lo que cuestiona los plazos iniciales de Augas de Galicia para completar el saneamiento de la ría de Pontevedra, si bien la Xunta confía en mantener paralizada la amenaza de una multa millonaria por parte de la Unión Europea por la contaminación de la ría.
Unión Europea
Esgrime para ello la conformidad de Bruselas con el plan elaborado por la Xunta, según se desprende de los contactos que la conselleira mantuvo en abril en la Unión Europea y de una reciente respuesta del comisario de Medio Ambiente, el maltés Karmenu Vella, a la europarlamentaria del Bloque Nacionalista Galego Ana Miranda. El comisario Vella respondía que la comisión "está al tanto" del proyecto y le informa además que forma parte "de las medidas para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2016" que condena a España por el incumplimiento de las directivas en cuanto a vertidos y depuración de aguas residuales en varios núcleos, entre ellos la ría de Pontevedra.
Añadía el comisario que "las autoridades españolas han determinado que la construcción de un nuevo emisario submarino y la mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Placeres es la mejor alternativa a nivel técnico, económico y social y medioambiental para lidiar con la actual y futura carga contaminante de las aguas residuales en la ría".
Atravesar los bancos
Este emisario ahora objeto de negociaciones entre Augas de Galicia y Costas se expuso al público en octubre, pero en enero se modificó el diseño inicial, al aceptarse una alegación de los mariscadores por su impacto en los bancos de Placeres, de modo que aumentó su recorrido en túnel bajo el agua y en lugar de los 175 metros iniciales mediante este sistema, se pasará a cerca de 400.
Este emisario discurría en túnel en sus primeros 175 metros, pero para los 600 siguientes sería necesario excavar una zanja muy próxima a las zonas de explotación de las cofradías. Los siguientes dos kilómetros se instalarán apoyados en el fondo marino, para finalizar con 600 metros de difusor, ante las playas de Marín. Con el cambio, se prolonga el tramo en túnel y se reduce la excavación en unos 200 metros más de los previstos para evitar los bancos marisqueros, y se establecerán garantías para que la empresa adjudicataria disponga de la tecnología precisa que permita ejecutar ese túnel en curva.
