El empresariado pontevedrés cerró ayer filas en torno a la permanencia de Ence en Lourizán. La cúpula al completo de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía; así como el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y representantes de distintas asociaciones empresariales comparecieron esta mañana en Pontevedra para advertir de las "graves repercusiones" que se derivarían de la anulación de la concesión de la pastera en Lourizán.
En un comunicado al que dio lectura el presidente de la Cámara, José García Costas, el empresariado de la provincia manifestó su "profunda sorpresa y malestar por el injustificable y repentino cambio de criterio de la Abogacía del Estado" en su allanamiento en los recursos contra la prórroga de Ence, lo que supone la renuncia a la defensa en los tribunales de la propia decisión de la administración.
Consideran que el Estado cambia de forma "arbitraria" el criterio que había mantenido durante todo el procedimiento, algo que, para ellos, "solo puede ser explicado en clave electoral". Para los empresarios, el daño va más allá del que se le pueda causar a Ence, que no es algo menor para el tejido empresarial pontevedrés, sino que Eduardo Barros, vicepresidente tercero de la Cámara, hizo hincapié en la inseguridad jurídica que se genera con esta decisión y que va a dejar tocada la capacidad de todo el país para atraer nuevas inversiones. De hecho, Barros aseguró que esta decisión va a tener "graves repercusiones" a nivel internacional. Calificó que "decepcionante" que "con el esfuerzo que nos costó devolver la imagen de confianza en este país, decisiones como esta tiren todo ese trabajo por la borda en cinco minutos".
Responsabilidad patrimonial
Los empresarios mostraron su "más viva preocupación por las incuestionables y profundas repercusiones económicas que el mencionado allanamiento puede tener". Aludieron a los costes directos que puede tener para el Estado una reclamación de Ence de responsabilidad patrimonial por las inversiones que ya ha realizado en la fábrica de Pontevedra al amparo de la prórroga que ahora se pone en cuestión. La compensación, que "saldría del bolsillo de todos los contribuyentes", se cifra ya a día de hoy en unos 130 millones de euros.
Por último, señalaron los datos ya conocidos de cerca de 400 puestos de trabajo directos que se perderían en la planta afectada, además de los 2.700 de empresas auxiliares y contratistas de Ence y otras 2.000 en el sector forestal. Y es que también advierten del "duro golpe" que supondría la marcha de Ence para el rural y el sector forestal de forma que no habría alternativas de destino para un 50% de la producción forestal en Galicia. Esto conllevaría "un mayor abandono en las explotaciones forestales y a mayores problemas ambientales y de sostenibilidad".
"Efecto dominó"
Los empresarios advirtieron del "efecto dominó" que tendría sobre toda la economía gallega la marcha de Ence. "La factura del cierre de la pastera la acabaríamos pagando todos los gallegos". Recuerdan que Ence supone "un 28% del PIB de Pontevedra y aporta más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas públicas", además de realizar exportaciones por un valor superior a los 200 millones de euros. En este sentido, resaltaron también la dependencia que tiene el Puerto de Marín de esta empresa y el movimiento de mercancía que genera.
Por todo ello, inciden en que deben tomarse "todas las medidas necesarias para que se consolide la continuidad de la actividad de Ence, restableciendo la seguridad jurídica con un horizonte temporal que permita una adecuada planificación futura", y este marco temporal, García Costas lo situó en los términos en los que estaba fijada la prórroga de la concesión: 60 años más.
El presidente de los Armadores de Vigo, Javier Touza, quiso también destacar el impacto que tendría el cierre de Ence para toda la comarca pontevedresa y también rompió una lanza en favor de los parámetros ambientales de la biofábrica de Pontevedra indicando que "cumple de sobra los mayores requisitos que se imponen a nivel ambiental desde la Unión Europea". De hecho, recordó que es una de las dos únicas fábricas de papel de Europa que producen la celulosa libre de cloro y recordó que, en frente de la factoría, "se marisquea dos veces al día y que en el entorno de la fábrica hay cinco playas con bandera azul".
Los empresarios explicaron que en Madrid el Consejo de Cámaras está analizando posibles soluciones para este asunto con la Abogacía del Estado, aunque no concretó cuáles pueden ser estas medidas. Tampoco descartan acciones judiciales, aunque tampoco concretaron cuáles.
