El gobierno local, que desde diciembre de 2015 paga 20.000 euros anuales a los comuneros de A Canicouva por el alquiler de unos terrenos para una inexistente planta de compostaje, no se verá obligado, de momento, a rescindir ese contrato. El PP pidió la anulación de ese alquiler "hasta que haya un proyecto concreto de esa planta, porque mientras tanto se está tirando dinero público a la basura". Todos, salvo el BNG, se mostraron de acuerdo con anular ese alquiler pero la abstención del PSOE "salvó" al gobierno local de perder una votación plenaria al respecto, si bien su concejal César Mosquera ya había adelantado que "no tendría repercusión práctica".

El portavoz socialista Agustín Fernández, adelantó que el alquiler será rescindido en el próximo mandato si gobierna el PSOE, como harían los demás grupos, pero calificó la petición del PP de "inoportuna" y evitó votar con los populares, de ahí su abstención.

El asunto del compostaje, al igual que el de Ence regresaban al pleno de ayer después de propiciar debates idénticos en la sesión anterior, hace apenas quince días. Y un tercer asunto volvió a repetirse, esta vez por iniciativa de Marea: la depuradora de Placeres. Desde la formación rupturista se pidió que la Xunta paralizase el proceso para su reforma, pero nadie lo apoyó.