Pontevedra se incorpora a la red de municipios por la accesibilidad cognitiva

Pontevedra se integra en la red de municipios por la accesibilidad cognitiva ("Concellos para todos/as"), una iniciativa que promueve la Asociación Juan XXIII con el fin facilitar la comprensión del mundo a las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de procesamiento de la información y también a otros colectivos con problemas de comprensión como mayores, personas que no saben leer o migrantes que no conocen el idioma.

El alcalde Miguel Fernández Lores firmó ayer el compromiso de la ciudad con el proyecto en la sede de la Asociación Juan XXIII, un compromiso que también firmaron los alcaldes de otros ocho concellos: Barro, Marín, O Grove, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Moaña, Bueu y Sanxenxo. Otros tres comunicaron su voluntad de hacerlo. Son los de Poio, Cangas y Vilaboa.

Lores aprovechó el acto para destacar que "el modelo urbano tiene en la accesibilidad universal uno de sus pilares fundamentales, una apuesta, la ciudad pensada para las personas, que hace de Pontevedra un referente en el mundo".

Tras la firma, el alcalde también destacó que "se ha avanzado mucho en la eliminación de las barreras arquitectónicas y físicas, en el cuidado de las personas, en la creación de un entorno igualitario e inclusivo". Lores sostiene que "romper las barreras sensoriales y cognitivas es un paso más para conseguir la excelencia.

Con esta la entrada en la red de "Concellos para todos/as" los participantes se comprometen a trabajar con dos herramientas: la identificación y señalización de espacios con una señalización específica y la lectura fácil. En un año se evaluará el trabajo realizado.

El mensaje en defensa del modelo urbano también fue esgrimido por el alcalde durante una charla ofrecida el pasado martes en A Coruña ante la Asociación Profesional de los Autónomos, Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega).

Apeló a parámetros como el aumento de la población a orillas del Lérez, los cero muertos en el casco urbano por accidentes de tráfico en los últimos siete años, o la caída de las emisiones de CO2 para defender las medidas aplicadas desde hace casi dos décadas y que implicaron la retirada del tráfico rodado de buena parte de la ciudad o la aplicación del límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en todo el municipio.