José Antonio compró su vivienda del lugar de Gundixe, en el límite de la franja de protección del litoral a inicios de los años noventa. La vivienda ya estaba iniciada y el arquitecto se aseguró de que cumpliese la normativa. Sin embargo cuando los técnicos de Costas marcaron los límites de protección del dominio público marítimo en la zona, observó cómo introducían una marca dentro de su parcela. En ese momento le dijeron que no tenía que preocuparse, pero cuando recabó más información sobre el asunto le advirtieron que aunque su vivienda cumplía con los lindes no podía ampliar, modificar, ni construir nada, tampoco el garaje que entonces tenía previsto, porque de hacerlo sería denunciado y correría el mismo riesgo que muchos de sus vecinos. Por eso José Antonio y su pareja, Isabel, no están del todo tranquilos. "En principio nuestra casa está perfectamente legal, pero a la vista de lo que está ocurriendo alrededor te sientes inseguro siempre", explica este vecino de la vivienda que la APLU prevé derribar.
