"Los mismos que quieren legalizar esta obra diseñaron la curva de Angrois"

El presidente de la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, Eladio Torres, mantiene el mismo tono combativo contra los responsables de esta infraestructura con el que inició su oposición a una obra ilegal. "Los mismos señores que ahora quieren legalizar esto son los que diseñaron la curva de Angrois", apunta el portavoz vecinal. Torres Castro observa en todo este asunto "una trama organizada, de empresarios y políticos, para vulnerar la ley y el Estado de derecho", temiendo que nunca se llegue a cumplir el fallo del Supremo.

El portavoz de los vecinos de Placeres recuerda que tras la sentencia de 2007, los técnicos del Ministerio de Fomento se mostraron inicialmente favorables a llevar a cabo las obras de un paso subterráneo para el tren. Sin embargo, posteriormente el Consello de la Autoridad Portuaria se negó a esta posibilidad. "La Autoridad Portuaria propuso construir pasos subterráneos o elevados para el tránsito de peatones y vehículos, pero esa es una medida que incumple totalmente el espíritu de la sentencia y que no soluciona el problema de la falta de seguridad en la zona", explicó el portavoz vecinal al recordar el desarrollo de los hechos. Y mientras el Puerto busca todo tipo de subterfugios legales para mantener la línea ferroviaria tal y como está, "la Administración pública está pagando abogados para defender los intereses de empresas multinacionales", critica Torres, en alusión a que este ramal ferroviario no da un servicio a la ciudadanía, sino a las empresas del puerto.

Otras instituciones, como la Consellería de Territorio y la Diputación de Pontevedra están contribuyendo también al intento de legalizar la obra, aprobando el plan especial y el de infraestructuras del puerto, que incluyen las vías ferroviarias. "Son tantos y tan fuertes los intereses que están en juego que tengo verdadero miedo; está en peligro mi propia integridad física", afirma Eladio Torres al hablar del entramado empresarial y político que defiende el mantenimiento de la infraestructura en sus actuales condiciones.

El portavoz vecinal lamenta que los intereses económicos están por encima del Estado de derecho, algo que se evidencia en que "el máximo órgano judicial de este país nos ha dado la razón y las cosas siguen igual".

"Esto es una tomadura de pelo, la sentencia dejó bien claro que la plaza es un espacio público, un espacio ciudadano con todas las características de una zona urbana. No es algo opinable, es un caso sentenciado", dice Torres respecto al incumplimiento del fallo judicial.

Los miembros de la Plataforma de Placeres no quieren que se realice ninguna obra sin que antes se presente un proyecto que garantice el cumplimiento de lo exigido por el Supremo. Como recuerda Torres Castro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una resolución según la cual no se podrán llevar a cabo actuaciones en la plaza sin presentar antes un proyecto ante los vecinos y la justicia. "La responsabilidad está ahora repartida entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria, que tienen que ponerse de acuerdo para llegar a una solución", explica Torres.