En medio de la polémica sobre el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, un capítulo en el que el bipartito local no tiene una postura definida, el Concello tiene en este tributo una tabla a la que agarrarse para aumentar de forma notable sus ingresos en dos años. Un decreto del Gobierno central, que obliga a las entidades locales a actualizar el IBI en 2012 y en 2013 supondrá a las arcas municipales una inyección por encima de los 2,5 millones de euros en esos dos ejercicios. Aunque Pontevedra criticó duramente el citado decreto por "atacar directamente al bolsillo de los contribuyentes", finalmente aplicará esa orden estatal "porque no nos queda otro remedio", según apuntó el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, si bien es cierto también que las arcas municipales saldrán beneficiadas y que la subida en Pontevedra será la más alta de toda Galicia porque los valores catastrales en la ciudad llevan más de una década sin actualizarse.
Y es que el citado decreto establecía una escala de subida en función de la última actualización de esos valores, y a Pontevedra le corresponde la máxima, el 10% en 2012 y otro 10% en 2013. A eso hay que añadir un aumento del 3% que aprobó a finales del pasado año el gobierno local, antes de conocer la orden estatal. De este modo, las previsiones de recaudación suponen un aumento de unos tres millones de euros, desde los 13,2 de 2011 hasta algo más de 16 millones en el próximo ejercicio, lo que supone una media aproximada de unos 50 euros en dos años parta cada una de las 65.000 unidades catastrales de la ciudad. El Presupuesto municipal de este año parte con un cálculo de ingresos de 15,4 millones.
El hecho de que en Pontevedra se aplique el nivel máximo de incremento ha sido achacado por el PP al propio Concello. El portavoz de la oposición, Jacobo Moreira replicó en su día González Carballo cuando calificó de " inevitable e impuesta por el Gobierno central" esa subida. Al respeto, el edil popular mencionó el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público detallaba que el aumento será del "10% para los municipios que fueran objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobado con anterioridad al año 2002". La de Pontevedra es de 2001 y desde entonces nadie decidió actualizarla. "Por lo tanto - asegura el PP- si el gobierno local no llevara sin actualizar más de 10 años el catastro este impuesto no se habría incrementado". Incluso añadía que "si Pontevedra hubiera actualizado el catastro entre 2005 y 2007 el IBI no subiría nada. Esta medida supone un tirón de orejas a los gobiernos ineficaces. La falta de gestión del Concello pontevedrés la van a pagar los ciudadanos pero no todos, sólo los cumplidores, pues los que no tienen sus inmuebles dados de alta seguirán sin pagarán nada".
Un convenio con Hacienda para perseguir el fraude
Aunque el gobierno local aplicará este aumento de forme general, siempre ha defendido que su "prioridad" para mejorar los ingresos por el IBI era perseguir el fraude, es decir, dar de alta a aquellos inmuebles que no figuran en el Catastro. Tras más de dos años de negociaciones con el Ministerio de Hacienda, el Concello recibió en enero pasado la autorización formal para revisar de forma exhaustiva ese Catastro y destapar el fraude IBI), una de las principales vías de ingresos de las arcas municipales, por encima de los 13 millones de euros anuales. Un convenio con Hacienda faculta al gobierno local a investigar a fondo el censo catastral y dar de alta a unos dos mil inmuebles que, según los cálculos municipales, no forman parte en la actualidad de ese padrón, base principal para el cobro del IBI.
El objetivo es combatir "el un tremendo agravio comparativo que supone que una vivienda esté totalmente regularizada y pague el IBI, pero la de enfrente no simplemente por no figurar en el Catastro", toda vez que Hacienda no realiza revisiones de oficio y son los propios dueños los que deben comunicar los cambios en sus propiedades.
