Los votos de los ediles de BNG y PSOE sirvieron para sacar adelante, durante el pleno extraordinario de la corporación celebrado el jueves, el pliego de condiciones que regirá el servicio de ayuda a domicilio durante los próximos cinco años.
El Partido Popular, por su parte, se abstuvo al considerar, como explica el alcalde Luciano Sobral, que la duración del vínculo empresarial, que se puede prorrogar por otro lustro, era excesiva. "Pedían tres años, pero no puede ser porque el convenio que la Xunta firmó con las empresas de ayuda a domicilio manda los cinco", añadió.
Otro de los puntos de fricción entre gobierno local y oposición fue el reparto de las horas adjudicadas a cada uno de los más de sesenta beneficiarios del servicio. Y es que, según apunta Sobral, el PP querría que se distribuyesen por igual entre los días laborables, sábados, domingos y festivos pero "el informe de la asistenta social dice que el convenio de la Xunta reparte las horas en función del grado y de las necesidades del dependiente. No todos los casos son iguales".
Entre las mejoras recogidas en el nuevo contrato, que entrará en vigor en mayo una vez finalice el actual con la empresa Idades S. L., está el aumento en el precio abonado a la adjudicataria por hora de trabajo, que sube desde los ocho actuales a los 13,5 euros (más Iva), lo que para las arcas municipales supondrá un desembolso de 135.000 euros, atendiendo a la previsión de Servicios Sociais que fija un máximo de 10.000 horas anuales.
El concello ya incluyó este incremento en sus presupuestos para 2011, siendo esta partida casi la única excepción a la política municipal de austeridad y recortes. El capítulo de ayudas sociales contará con un presupuesto un 20 por ciento mayor al del año pasado. Pero el gobierno local no afronta este gasto en solitario ya que el servicio está subvencionado, en buena medida, por la administración autonómica.
Las empresas interesadas en optar a la concesión tendrán un plazo de quince días hábiles, tras la publicación del anuncio en el DOG, para presentarse.
Polémica
En las últimas semanas, la polémica ha perseguido al servicio de ayuda a domicilio. El líder del PP, Javier Domínguez, instó al concello a revisar la situación de las trabajadoras ya que, según denunciaba, algunas no estaban "dadas de alta en la Seguridad Social en todos los servicios que realizan" y no contaban con la formación y experiencia exigidas para el puesto.
La edil de Servicios Sociais e Benestar, Rosa Fernández, salió al paso de las acusaciones explicando que la adjudicataria había probado, con la documentación oportuna, que las empleadas no sólo contaban con la titulación adecuada, sino que además "están todas dadas de alta en la Seguridad Social".
El líder popular reclamó un importante descenso en las nóminas que se justifica, según Fernández, por el cambio en el abono de las pagas extra realizado con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo del sector, de 2009, "que no permite prorratearlas".
