Ourense es el que más demora y deuda tiene con proveedores de los grandes concellos de Galicia

El periodo medio de pago (PMP) es la expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial que tienen las administraciones públicas o el sector privado y es un indicativo de la fortaleza económica, la planificación presupuestaria y la gestión financiera de las mismas, así como la celeridad administrativa que tiene una administración. Por ley se establece que el periodo máximo es de 30 días, ampliables hasta otros 30 más en determinadas circunstancias.

En este contexto económico, el Concello de Ourense es el que más deuda comercial acumula de los siete grandes municipios de Galicia y también es el que más tarda en pagar a los proveedores. Según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, el gobierno de Democracia Ourensana tuvo en el mes de marzo un periodo medio de pago a proveedores de 94,3 días, triplicando el máximo legal permitido. En la comparativa con las ciudades, esto supone 20 días más que Santiago (70,6), 50 más que Pontevedra y Ferrol (44,5 y 42,17 respectivamente), 55 más que A Coruña (38,62) y más de 60 en relación con Vigo y Lugo (19,08 y 12,88, respectivamente).

Hay que recordar que es el cuarto año de la era Jácome que no hay presupuestos actualizados y que el propio alcalde señaló en un pleno que el borrador se llevará a pleno en octubre de este año, pero para que los presupuestos estén vigentes en 2025, por lo que ya renunció a aprobar unas cuentas actualizadas este año. En esa coyuntura económica, la contratación menor también aumentó en el último trimestre de 2023 y las modificaciones de crédito se hacen necesarias para poder dotar de liquidez a proyectos. Sin embargo, el gobierno local anuncia con cartelería los proyectos del Jardín del Posío o el Parque Canedo, entre otros, para los que no dispone de dinero, ya que debe llevar a pleno dichas inversiones.

Otro factor a tener en cuenta es la “revolución” que ejecutó el regidor ourensano en los órganos fiscalizadores como el cese del interventor (ahora jefe de gestión tributaria) o la tesorera (ahora viceinterventora), tras los reparos de ambos a la gestión del regidor ourensano. Unas decisiones que afectan a los propios servicios encargados de darle impulso, celeridad y seguridad jurídica a los trámites de la vida diaria municipal. Precisamente, a la tesorera se le atribuía ser una “tiquismiquis” por cerrar el ejercicio tarde y actualmente el Concello de Ourense no ha cerrado todavía el ejercicio de 2023. Una de las causas por las que cesó Jácome a la tesorera y que todavía está pendiente.

Como pendiente está de la autorización por parte de la Xunta de Galicia para poder tomar posesión el nuevo tesorero municipal, Jesús Blanco Giró que fue tesorero municipal del Concello de Barbadás y que solicitó irse al consistorio ourensano mediante comisión de servicios.

Sin pagar

“Haber cuantas están pagadas”, decía un funcionario municipal sobre las facturas de los contratos menores del último trimestre de 2024. Y es que según datos del Ministerio de Hacienda, el Concello de Ourense, además de ser el que más tiempo tarda en pagar, es el que más deuda contraída tiene con los proveedores con más de 125 operaciones pendientes de pago. Por encima del gobierno de Santiago (74), del de Pontevedra (54), del de Ferrol y Coruña (49 y 43), del de Vigo (24) y del de Lugo (16). A esto hay que sumarle la deuda que acumula en la cuenta 413 que, según fuentes municipales, ascendería a 15 millones de euros en el presente ejercicio.

Oposición

La oposición lleva meses criticando al gobierno municipal por las deudas que acumulan con las concesionarias, pero también por las facturas sin pagar que tienen a los proveedores. La no presentación de un borrador de presupuestos para este año hará incrementar las partidas que se llevarán a pleno para poder hacer frente el pago de facturas pendientes con proveedores, mediante modificaciones de crédito, y todo ello denota para los partidos de la oposición una “falta de planificación, una inepcia en la gestión y un caos” que llevan denunciando durante meses.

Mientras tanto el gobierno municipal se escuda en sus obras en materia de infraestructuras y movilidad vertical (muchas de ellas con retrasos acumulados) y esperan que el cierre del ejercicio pasado deje un remanente de, aproximadamente, 80 millones de euros, de los que habrá que ver cuáles están afectados y qué cantidad estará disponible.

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