Jácome no podrá cesar al interventor “porque ganó su plaza por concurso”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no podrá cesar al interventor municipal del Concello, cuyos informes no son de su agrado, y al que abrió el pasado 20 de diciembre un expediente disciplinario con la intención de cesarlo, tras acusarlo públicamente de “lawfare” de “mala fe” o de “jugar a político”, al discrepar con los informes del mencionado técnico, en particular con los reparos que alertan al regidor de irregularidades de tipo presupuestario o económico.

Cesar a un funcionario que, como este, ganó su plaza por concurso, es ilegal. Así se lo ha confirmado el Ministerio de Hacienda, y en concreto Mónica García, directora general de Estabilidad Presupuestaria y de Gestión Financiera Territorial, dependiente de esa cartera ministerial, quien, en la respuesta a un escrito enviado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, contesta al regidor ourensano, que no puede cesar a Gonzalo Alonso, interventor municipal, porque el titular del puesto de trabajo de Interventor General Municipal, fue nombrado por concurso, y por lo tanto “cabe entender que no procede la tramitación de un expediente de cese por parte del Concello”.

Es más, en el escrito que envió el regidor a este departamento del Ministerio de Hacienda, le pedía a esta directora xeral un informe preceptivo, con el que avalar el cese, pero esta técnica, le contesta que no cabe ni la elaboración del informe que le solicita . De hecho explica que esta solicitud es contraria al artículo 92 bis de la LRBRL (Ley Reguladora de Bases del Régimen Local), según la cual se indica que los procedimientos de cese “se limitan a los supuestos en los que el funcionario hubiera sido nombrado por el procedimiento de libre designación.

Sin embargo abunda la directora xeral, ,“en el caso que nos ocupa, habida cuenta de que el Interventor General accedió de forma definitiva a su plaza mediante concurso en el año 2001, en consecuencia, no procede tramitar el procedimiento de cese que insta el Concello de Ourense ni, por ello, ha de emitirse informe alguno” por esa dirección general.

La directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial añade que “a este respecto, se indica en el escrito del Alcalde-Presidente que, tras la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local, que introdujo el título X en la LRBRL, se aprobó la Ley 4/2004, de 28 de junio para la aplicación a los municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela del régimen de organización de los municipios de gran población, se modificó el puesto de trabajo, al suprimirse el puesto de Interventor Municipal y sustituirse por el de Interventor General Municipal”.

La justificación no fue válida

Es decir que en ese escrito enviado por Jácome a esta directora general, para tener un informe a favor del cese de Gonzalo Alonso, el regidor ourensano trataba de justificar que “el nuevo puesto creado no ha sido aún cubierto definitivamente y que no le asiste derecho al funcionario de permanecer en el mismo, al no haber sido nombrado por libre designación”.

Sin embargo, según Mónica García, “a estos efectos, cabe aclarar que el hecho de que la Entidad local hubiera adaptado el puesto de trabajo a los requisitos exigidos por una norma legal, no afecta a la forma de provisión mismo, de hecho, el titular del puesto de Intervención General, Gonzalo Alonso Álvarez, no ha modificado su forma de provisión conforme consta en la Dirección General de la Función Pública. Por ello, la denominación del puesto de Interventor Municipal a Interventor General Municipal, cuando el municipio pasó a integrarse en el ámbito de los municipios de gran población, no habría alterado el sistema de provisión del referido puesto, que continúa siendo el de concurso”.

El interventor del Concello, acaba de presentar esta misma semana una denuncia por acoso laboral contra el alcalde, y contra el Concello, al entender que se han incumplido la s medidas de seguridad de prevención de riesgos laborales que debería haber activado esta administración local. Es la misma denuncia contra el Concello que presentó y ganó la intendente de la Policía Local.

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