Libertad vigilada, educación y labores comunitarias, soluciones para más de 3.000 menores desde el 2000

“Desde nuestra óptica como profesionales, cuando uno de estos menores te llama pasado el tiempo para consultar una decisión, para comentarte sus avances, eso te aporta satisfacción. Sientes que le has calado, que has sido una persona de referencia, que está en la fase de encauzar su vida”, comparte Anxo Valcárcel, coordinador del centro de intervención educativa en medio abierto (CIEMA), un programa que lleva a cabo desde el año 2000 en la provincia de Ourense la asociación Trama.

La entidad, en la que trabajan ocho profesionales de distintos perfiles –una psicóloga, una trabajadora social, cinco educadores además del coordinador–, gestiona las medidas judiciales y extrajudiciales en medio abierto de los menores, como la libertad vigilada, las tareas socioeducativas o las prestaciones en beneficio de la comunidad, como ayudar en el comedor social o el ropero, colaborar en un centro de día de personas mayores, en el botánico de Montealegre o en tareas de limpieza de espacios comunes.

En la actualidad, Trama interviene con unos 60 jóvenes que residen en la provincia de Ourense. Desde el año 2000 ha trabajado con más de 3.000 adolescentes.

"El objetivo principal es que no haya reincidencia"

“El fin es encauzar la vida que llevó al menor a terminar en el juzgado y la Fiscalía. La meta es ayudarlos a cambiar aspectos personales de su vida y a mejorar su contexto, además de ayudar también a las familias para que dispongan de herramientas para apoyar a los menores. El objetivo principal es que no haya reincidencia”, subraya Valcárcel. El regreso a la delincuencia es bajo –asegura el coordinador– en el caso de los menores que pasan por el programa.

La duración de la intervención depende de cada uno. Lo normal es un mínimo de dos meses, pero el programa para cada joven se configura a partir del expediente de la medida judicial o extrajudicial. Un técnico del servicio de menores de la Xunta participa en la labor de enlace con la Fiscalía y el juzgado especializado. “En el programa se marcan los objetivos, a veces solicitados por el juzgado y otras establecidos por nosotros según las circunstancias del joven”.

La premisa es que el adolescente que cometió un delito consiga cambiar sus pautas, aumente su motivación y autoestima y se centre en el ámbito académico o en el itinerario para lograr un empleo. El rango de edades va de los 14 y 18 años, por regla general, el que coincide con la responsabilidad penal de los menores. Pero no es infrecuente que haya casos en los que los jóvenes que están cumpliendo medidas en medio abierto tengan ya 19 o 20 años, y salden hechos de cuando aún no habían llegado a la mayoría de edad.

Entre los delitos que torcieron el rumbo de sus vidas se encuentran hurtos, peleas, violencia filoparental –agresiones de los hijos a sus padres– y, en los últimos años, también las amenazas cometidas a través de las redes sociales.

“Lo fundamental es conectar con ellos”

“Cada caso es distinto, no hay un perfil claro, pero muchas veces nos encontramos con adolescentes a los que no marcaron pautas desde pequeños, que no han estado acostumbrados a recibir noes, que recibieron un exceso de protección, o también a los que no se les prestó la atención suficiente, crecieron solos y se juntaron con gente equivocada”, expone el coordinador.

“El equipo tiene una gran experiencia y eso ayuda a trabajar con estos niños, porque lo fundamental es conectar con ellos. Quienes vienen en modo hermético se acaban abriendo y compartiendo sus inquietudes e inseguridades”, indica Valcárcel.

“Para que el contexto del niño mejore es necesario que los padres se empoderen y cojan las riendas en casa"

Se trabaja la educación en valores, se incide en la importancia de la empatía y se contrarrestan las carencias en las habilidades sociales. Con cierta frecuencia se llevan a cabo actividades grupales, siempre que los horarios y otras actividades socioeducativas de los jóvenes lo permiten. “Es bueno para trabajar aspectos transversales, resulta constructivo”, cree Trama.

La medida ha de cumplirse en el lugar de residencia del menor, de manera que los profesionales se trasladan a su municipio, salvo que, por un interés superior del adolescente, se opte por otro lugar. “Como mínimo se realiza una intervención semanal, que es lo que exige el juzgado, excepto en la última fase del programa, en el que las sesiones son ya quincenales. En los casos de mayor necesidad se pueden llevar a cabo dos o tres intervenciones por semana, cuando por ejemplo hay conflictos en casa y es necesario algo más de control”, completa Valcárcel.

"La libertad vigilada tiene más eficacia que otras medidas privativas; la supervisión es fundamental para que adquieran habilidades, capacidades y actitudes para su desarrollo personal y social"

La medida de libertad vigilada conlleva un ajuste de las reglas de conducta del menor, y también se trabaja con el entorno doméstico, escuchando a los padres. Hay casos de terapia familiar. “Para que el contexto del niño mejore es necesario que los padres se empoderen y cojan las riendas en casa”, indica el coordinador de la asociación Trama en Ourense.

José Manuel Ucha es el fiscal delegado de la especialidad de menores en Ourense, así como el coordinador de la labor del ministerio público en esta materia en toda Galicia. La libertad vigilada, una alternativa al internamiento por orden judicial en un centro, “es la sanción más utilizada en la jurisdicción de menores, junto con las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas. Tiene más eficacia que otras medidas privativas de libertad, ya que la supervisión que Trama realiza en nuestra provincia de los menores que cumplen libertad vigilada es fundamental para que adquieran habilidades, capacidades y actitudes para su desarrollo personal y social”, valora Ucha.

Evitar que vuelvan a delinquir

Además de evitar la comisión de nuevos delitos, el menor está obligado a cumplir con las reglas de conducta que se le imponen, a acudir a las entrevistas programadas con los profesionales y a cumplir las actividades aprobadas en el programa de cumplimiento diseñado por la Xunta, que es aprobado por el juzgado de menores, previo dictamen del fiscal.

“La finalidad de la libertad vigilada es responsabilizar al menor de sus actos y de las consecuencias, implicar a la familia y a la comunidad en la intervención, así como facilitar el proceso de socialización del joven en su entorno, utilizando los recursos comunitarios”, indica el fiscal especializado.

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