Vuelta a la normalidad en los juzgados tras desconvocarse la huelga indefinida de letrados

Tras dos meses de huelga indefinida –a la que precedieron paros puntuales a lo largo del pasado año– los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) consiguieron que el Ministerio de Justicia accediese a una adecuación salarial. Este era un reclamo que realizaban desde que años atrás comenzaran a asumir funciones propias de los jueces para aligerar su carga de trabajo.

Finalmente, la cartera de Pilar Llop ha accedido a otorgarles una subida de sueldo que en algunos casos llega hasta los 450 euros brutos más al mes. La oferta se votó el lunes por la tarde con un amplio respaldo de la mayoría de letrados que participaron en la consulta. Ayer por la mañana la protesta, que dejó colapsados los juzgados de toda España, quedó desconvocada definitivamente.

La huelga supuso que en Ourense algo más de 10.600.000 euros permanecieran paralizados en las cuentas de los diferentes partidos judiciales. Este dinero –entre el que se encuentran multas que el Estado no ha ingresado en las arcas públicas aún, indemnizaciones tras dictámenes judiciales o pensiones pendientes de cobro– comenzará a moverse desde hoy.

Por otro lado, más de 11.600 sentencias empezarán a ser notificadas estos días –estaban pendientes de la firma de los letrados, paso imprescindible para convertirse en información pública y remitirse a las partes–. Y 2.223 asuntos suspendidos –entre los que se encuentran juicios aplazados– volverán a datarse para su celebración.

Durante estos dos meses, los LAJ –una suerte de notarios públicos– solo atendieron aquellos casos de violencia de género, los que tenían presos o aquellos que atañían a derechos fundamentales recogidos en la Constitución. También aquellos de abuso o agresión sexual a menores celebraron con normalidad las vistas orales programadas.

Estos funcionarios públicos tienen, además, cometidos que entrañan grandes responsabilidades. Si un magistrado dicta una orden de protección para una víctima de violencia de género, no sirve de nada si el LAJ no la introduce en la base de datos a la que tienen acceso las fuerzas de seguridad (el sistema SIRAG).

Cristina Villar, decana de estos profesionales en Ourense, se mostraba reconfortada por el acuerdo alcanzado y señalaba un inmenso “agradecimiento al personal de todos los demás cuerpos de los juzgados así como a otros operadores como abogados, procuradores o graduados sociales” por la comprensión y el respeto mostrado en el ejercicio de su legítimo derecho de huelga.

“Reiteramos, una vez más, nuestro pesar por los perjuicios que, tanto para ciudadanos como para profesionales, causó la paralización de la justicia estas nueve semanas, recordando que fue una situación que los letrados tratamos de evitar en todo momento”, decía al ser preguntada por el balance de estos más de dos meses.

Algunos profesionales sostienen que la actividad puede tardar más de un año en volver al punto en el que estaba –que ya acumulaba retrasos–. Y desde el colegio de abogados advertían tener sentimientos encontrados.

Por un lado, podrán empezar a cobrar de nuevo –sus ingresos quedaron paralizados por completo al no poder seguir las causas los procedimientos habituales–. Pero, por otro, temen el aluvión de notificaciones que comenzarán a llegar de golpe en los próximos días –que solo estaban pendientes de la firma de los LAJ–. Esto puede suponer muchas horas extra –que deberán pagar los clientes o que no llegarán a cobrar– para poner todo al día.