El Supremo confirma la absolución de los implicados en la Operación Zamburiña

La Sala II del Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Fiscalía contra la sentencia absolutoria de la Audiencia de Ourense de la denominada Operación Zamburiña, tras cumplirse dos años desde la primera resolución judicial.

De este modo se ha rechazado el recurso presentado por el ministerio fiscal contra la sentencia de 22 de febrero de 2021, que absolvió a los trece investigados –cuatro de los cuales son agentes de policía– en el caso en el que se investigaron delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

En la resolución –ahora confirmada– la Audiencia consideró nulas las intervenciones telefónicas del caso por vulneración de derechos fundamentales –lo que propició la nulidad del resto de pruebas por derivar de aquellas– y, en consecuencia, supuso la absolución de todos los encausados en el proceso.

El objetivo del ministerio público al recurrir era que el alto tribunal revocase la nulidad y, en la práctica, acordase necesaria la celebración de un nuevo juicio sobre la Operación Zamburiña con todas las pruebas aceptadas en su momento. Pedía, en total, penas que sumaban más de 100 años para los 13 procesados en el caso.

Por otro lado, sostenía que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría de Ourense ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes, “favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo.

De una vista con un plan previsto de más de mes y medio se pasó a ocho sesiones prácticamente vacías de contenido, tras anular la sala de magistrados toda la prueba en el trámite de cuestiones previas.

La Audiencia, en su análisis de la Zamburiña, no analizó el fondo del asunto –el trapicheo y presunta protección policial, que los agentes encausados han negado– sino la forma. El tribunal consideró que se vulneraron derechos fundamentales y que los indicios de la causa, tanto las audiciones de las conversaciones telefónicas, como la incautación de los estupefacientes e incluso las confesiones de algunos implicados estaban viciados por la escucha inicial que declaró nula.

En su informe final, tras ver anulada la prueba clave y ser descartadas el resto de testificales y periciales por la sala –los magistrados de la Audiencia consideraron que todos los indicios se derivaron de ese ‘pinchazo’ ilegal–, la fiscal lamentó que “que se deje entrar droga en la ciudad, la policía lo permita y estas conductas no se castiguen”.

Los acusados se han mostrado –según publica el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en su página web– “agradecidos a todos los que han creído en su honradez y honestidad” tras conocer la absolución. Desde el comité federal territorial de Galicia de esta entidad profesional señalaban, además, que “siempre” estuvieron “a su lado” –refiriéndose a los investigados de su gremio–.