Alixo, en O Barco de Valdeorras, fue una de las localidades más afectadas por el devastador incendio forestal de julio, que arrasó 10.500 hectáreas –el segundo con más terreno calcinado de la historia de Galicia, tras las 11.100 hectáreas en O Courel, esos mismos días–, afectó a espacios protegidos como la Serra da Enciña da Lastra y se llevó por delante bienes y recuerdos,reduciendo a cenizas unas quince viviendas en esta aldea con 32 personas empadronadas, según datos del IGE de 2021.
Medio año después de aquel infierno, las huellas aún son visibles, y la mayoría de casas siguen siendo ruinas, un esqueleto calcinado, aunque en algunas ya se observa maquinaria de obra para la reconstrucción.
Llegaron las ayudas y se acometieron trabajos de limpieza y de desescombro, pero el inicio de las obras de rehabilitación depende de varios factores: la tramitación de las licencias después de la presentación de los proyectos, la disponibilidad y los plazos de las empresas de la construcción, así como del tiempo.
Durante las tres semanas de la Navidad suele paralizarse la actividad de la mayoría del sector. Además, tanta sucesión de borrascas tampoco ha ayudado a poder ponerse manos a la obra.
A finales del pasado mes de diciembre, en una visita a Carballeda de Valdeorras, otro de los municipios afectados por el virulento incendio de julio, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que 8 de cada 10 propietarios de viviendas afectadas por los incendios de julio recibieron las ayudas para la reconstrucción, una línea de 6 millones para reparar daños en edificaciones privadas en las provincias de Lugo y Ourense.
Los dramas de la peor pesadilla
De las noventa solicitudes recibidas, setenta habían quedado abonadas en los últimos días de 2022, por un importe conjunto de 4,5 millones de euros. Se activaron ayudas de hasta 122.000 euros a los dueños de una vivienda habitual o permanente, hasta 61.000 para titulares de una vivienda ocasional, y un máximo de 15.000 para recuperar enseres domésticos.
Además, un acuerdo entre la administración autonómica y el Clúster de la Pizarra permite que los damnificados que opten por instalar pizarra al rehabilitar o reconstruir sus viviendas dispongan de una rebaja en el precio del 40%.