“No lo hago por dinero, lo hago por justicia, porque no quiero que nadie pase lo que pasamos mi marido y yo. Voy a llegar hasta el final”. La que habla es Beatriz Rodríguez, una ourensana que sufrió la muerte perinatal de su hija cuando estaba embarazada de 41 semanas, responsabilizando de ello a los profesionales que le hicieron el seguimiento de su gestación y el posterior embarazo provocado.
Tras denunciar el hecho mediante una responsabilidad patrimonial, llegó el fallo a favor del Servicio Gallego de Salud por parte del juez del Juzgado Contencioso Nº1 de Santiago. Ahora, tras esa sentencia que califica como “surrealista” llevará el asunto al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en busca de “justicia porque no se entiende la posición del juez, un juez que no dejó declarar a mi perito en el juzgado y que me trató inhumanamente”.
Beatriz describe que “en un momento de mi juicio me eché a llorar porque se estaban refiriendo a mi hija y como había quedado después de hacerme la cesárea (la bebé sufrió roturas de cráneo y heridas de consideración) y el juez me dijo que ‘esto no es un circo, si usted va a estar así es mejor que salga fuera’. Esas palabras me produjeron mucha rabia y es un trato inhumano por parte del juez”.
La parte demandante, Beatriz y su marido, explican que “no dejaron intervenir a nuestro perito en el juicio y eso supone un agravio para la causa, discriminación e incumplimiento del principio de igualdad en un proceso judicial”. El perito en cuestión estaba enfermo y solicitó hacer su declaración, desde Madrid, donde reside y no acercarse a Santiago por motivos de salud. Petición que fue desestimada por parte del juez del Juzgado Contencioso Nº1 de Santiago.
“Indefensión”
El representante de Beatriz interpuso un recurso de apelación alegando la indefensión producida al no poder comparecer digitalmente en la sesión judicial. En las alegaciones presentadas defienden que “se produce desigualdad y discriminación ya que el juez señaló que ‘tendría que tener el billete sacado, que no se aplica así el protocolo de videoconferencia”, aludiendo al representante de Beatriz que necesitaba de tratamiento médico después de pasar por una enfermedad respiratoria. Y el juez añadía que “no puedo tolerar estar a expensas del interés y de la comodidad de un perito, que no deja de ser más que un perito de 77 años, que no creo yo que tenga mucho más que hacer”.
El trato discriminatorio e inhumano del juez queda palpable, como recoge en el escrito de alegaciones el abogado de Beatriz y también como relata ella lo sucedido en la sesión judicial donde el juez le recriminó que llorara después de perder a su hija.
Sentencia
El juez sostiene, en base a los informes sanitarios que elaboraron los profesionales que llevaron la gestación de Beatriz, que “no puede concluirse que el fallecimiento del feto se deba a una asistencia médica contraria a la lex artis”. Sin embargo, Beatriz defiende que “los informes están modificados y no cuentan como sucedió”.
En la sentencia se recoge que Beatriz fue a una prueba programada para el 7 de diciembre de 2016, cuando los profesionales le dijeron que estaba todo bien. La ourensana sostiene que “aquel día no me dejaron escuchar el latido del corazón de mi hijo y me dijeron que estaba todo bien, y ese mismo día entregué los resultados. Fui al baño y vi una mancha amarilla, me dijo la enfermera que me iba a mirar y mi niña estaba muerta. Es decir, 10 minutos antes estaba viva y después estaba muerta. Es algo que es inconcebible”.
Su perito sostiene la responsabilidad de la administración en la muerte perinatal de su hija y el juez hace referencia a la situación “expectante”, que defiende el perito de la parte demanda, de los profesionales sanitarios ante un embarazo de alto riesgo para que se produjera de forma natural. Sin embargo, Beatriz, su perito y su abogado mantienen la misma idea: “No podían esperar tanto, pero yo era primeriza y no sabía lo que estaba pasando. Debían haberme hecho una cesárea en la semana 38”.
Con el fallo que exonera al Sergas de pagar 500.000 euros a Beatriz y su marido, la ourensana recalca que “no es por el dinero, como no lo fue en aquel momento en el que conseguimos 300.000 firmas para que hubiera un protocolo de muerte perinatal, porque no tuve ni asistencia psicológica. Estos años han sido duros, pero pienso llegar hasta el final, para visibilizar la responsabilidad de la administración, que la tiene”.
