En los operativos conjuntos para asegurar el cumplimiento de las restricciones de la pandemia, ahí estaban policías de la Autonómica junto a efectivos de otros cuerpos. Para velar por el respeto de las medidas sanitarias y evitar botellones y altercados, también participaron en los dispositivos de las noches de ocio en la ciudad, durante meses.
Nuevas atribuciones, a las que ha obligado el COVID, que se sumaron a un catálogo propio de competencias: lucha contra la violencia machista y protección de las víctimas, área de menores, actuaciones contra la ilegalidad urbanística y prevención e investigación de los incendios forestales, una problemática que supone un quebradero de cabeza, sobre todo en el verano, en una de las provincias más castigadas de España por el fuego.
“Estamos muy implicados con la sociedad y creo que cada vez somos un cuerpo más conocido”, considera el inspector Breogán Rivo (Ourense, 1978), el jefe accidental de la Unidad Adscrita en Ourense tras la reciente jubilación de José Antonio Pérez, que era el responsable provincial desde 2016 y formó parte del cuerpo desde su creación, en el año 1994. Un concurso de méritos, actualmente en trámite, resolverá quién ocupa el cargo.
Cuarenta y dos efectivos conforman la plantilla de la Policía Autonómica en Ourense. El catálogo contempla 50 plazas, pero este déficit, según Rivo, “está siendo subsanado. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior está trabajando con la Dirección Adjunta Operativa y la División de Personal para hacer un concurso”.
La Unidad Adscrita tiene esa doble dependencia: es un cuerpo asignado a la Xunta de Galicia pero todos sus miembros son policías nacionales de ingreso –Rivo lleva 20 años como inspector– que, con anterioridad, han ejercido distintas funciones en distintas comisarías. Orgánicamente continúan dependiendo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. El responsable autonómico de la Unidad Adscrita es el comisario Jorge Manuel Rubal Pena.
Los policías complementan su formación de base con una especialización en función del área en el que ejerzan. Por ejemplo, reciben cursos sobre incendios –tres niveles, básico, avanzado y de investigación–, medio ambiente o bienestar animal. Hay una profunda ‘ourensanización’ de la plantilla, cuya media de edad actual se sitúa en torno a los cuarenta años.
El perfil es mayoritariamente masculino, pues solo dos de los integrantes son mujeres. La delegación de la Autonómica está, desde hace tres años, en la parte trasera del edificio judicial antiguo –con entrada por la calle del Progreso–, en dependencias con acceso independiente y separado del resto del inmueble de uso judicial.
"Los incendios requieren una labor de investigación compleja, porque se trata de un delito que no suele dejar traza. Nos exige muchas horas de trabajo y muchas patrullas”
“En el verano no se para con los incendios, de día, de noche, los fines de semana, cuando toque”, afirma Breogán Rivo, que no duda en calificar esta problemática como el principal “quebradero de cabeza”. En lo que va de año llevan esclarecidos un total de 27 incendios y han sancionado a 195 personas por incumplir la ley de prevención (fueron 108 el año pasado).
En 2020, la Autonómica investigó en Ourense 330 fuegos, de los que esclareció un total de 37. “Es una labor de investigación compleja, porque se trata de un delito que no suele dejar traza. Nos exige muchas horas de trabajo y muchas patrullas”. La Unidad Adscrita se encarga de los distritos XI y XII, en coordinación con los agentes ambientales de la Xunta de Galicia.
En materia de medio ambiente, también velan por el cumplimiento de la legalidad en las actividades de caza y pesca. Luchan contra el furtivismo y los vertidos, y tienen competencias en la preservación de las normativas urbanísticas, la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, trabajando en coordinación con la Fiscalía y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
En el ámbito urbanístico, frente a los años del ‘ti vai facendo’, la concienciación ciudadana es mayor. “Hay menos trabajo policial en este campo, actuando a requerimiento de la Fiscalía y de la APLU. De forma mayoritaria, la gente hace las cosas como debe”, afirma el inspector.
La Policía Autonómica forma parte del sistema de protección a las víctimas de la violencia machista. Tiene asignados perfiles de riesgo bajo a alto, siempre que el ascenso a este último se produzca cuando ya formaban parte de su custodia. En la actualidad, se encarga de velar por 24 mujeres, con un servicio las 24 horas de radiopatrulla disponible ante cualquier incidencia. Mujeres y policías mantienen una línea directa, y agentes de paisano las asesoran y acompañan cuando deben acudir al juzgado o a realizar algún tipo de gestión.
Los quebrantamientos de órdenes de alejamiento, bien sea por auto o condena, son los delitos principales contra los que actúan en esta materia: llamadas telefónicas, contactos en la calle e incluso intentos de acceso al domicilio de la víctima, incumpliendo así la medida que prohíbe cualquier tipo de comunicación así como aproximarse a menos de una determinada distancia, durante un tiempo. En lo que va de año, la Unidad Adscrita ha detenido a dos hombres por quebrantamiento, a 12 en 2020.
Los operativos de la Autonómica contra el COVID, junto a otros cuerpos, han dejado 7 detenidos, 1.880 dispositivos, 10.086 vehículos controlados, 10.295 personas identificadas y 839 colaboraciones con las autoridades sanitarias
Las actuaciones con menores, que incluyen localización de los que se fugan de los centros, informes, detenciones o traslados, totalizan 768 intervenciones.
Las competencias propias de la Unidad Adscrita han tenido que conciliarse con las necesidades de la pandemia.
“Se ha colaborado en seguridad ciudadana, apoyando a comisaría con dos indicativos de día y uno de noche. En el ocio nocturno también se ha prestado apoyo las noches del fin de semana”, indica Rivo.
Desde el inicio de la pandemia, los operativos de la Autonómica contra el COVID, junto a otros cuerpos, han dejado 7 detenidos, 1.880 dispositivos, 10.086 vehículos controlados, 10.295 personas identificadas y 839 colaboraciones con las autoridades sanitarias, para por ejemplo realizar un control de confinamientos, localizar a gente por falta de datos de notificación e incluso servicios humanitarios como llevar medicamentos.
