El 33,6 % de las mujeres de la provincia de Ourense que sufren violencia de género –y constan en los registros como tal– son de procedencia extranjera. Así queda reflejado en los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los que, de las 372 féminas, 125 son de otras nacionalidades.
Emilio González, subdelegado del Gobierno en la ciudad, subrayó en una jornada formativa que constituyen una parte de la población especialmente sensible y afectada por el problema. “La precariedad económica y laboral, junto con el machismo tan enraizado en muchas culturas aún más que en la nuestra, las convierte en personas muy vulnerables ante esta lacra social. El desconocimiento del idioma o los procedimientos legales que rigen en este país no pueden ser un impedimento para su protección. Por eso resulta imprescindible la colaboración entre diferentes administraciones”, advirtió.
Con motivo del 25N –día marcado en el calendario para dedicar a erradicar el problema– se desarrolló una ponencia dirigida a una veintena de profesionales de los Centros de Información a la Mujer (CIM) y de las áreas de Servicios Sociales e Igualdad de los municipios de la provincia o de diferentes entidades locales.
“Es muy importante, para los que trabajan con estas personas, saber que si una extranjera denuncia, hasta que haya sentencia condenatoria, puede estar protegida por medidas cautelares. Que las pueden solicitar tanto para ella como para sus hijos, en el caso de que los tenga”, explicó Josefina Rodríguez, jefa de la oficina que se encarga de la extranjería en la subdelegación del Gobierno.
El ordenamiento jurídico actual recoge que cuando las mujeres víctimas de violencia de género están en situación irregular también pueden denunciar el maltrato que padecen y pedir una autorización de residencia y trabajo que, en un principio, será temporal. “Tenemos un sistema, afortunadamente, muy proteccionista para estos casos. Una vez que están identificadas e informadas de forma conveniente, tienen la posibilidad de tramitar una tarjeta de residencia para ella y sus hijos menores o mayores si son dependientes. Y mientras no se dicta sentencia, nunca se inicia un procedimiento sancionador administrativo que implique una expulsión del territorio. Incluso en aquellos casos en los que pudiera se pudiera haber iniciado, se suspende automáticamente”, afirmó la experta.
En este sentido, en lo que va de año el Estado español lleva concedidas un total de 17 autorizaciones de estas características en toda la provincia de Ourense. “Estos datos obligan a la sociedad y a las administraciones a no bajar la guardia y seguir trabajando contra la lacra de la violencia de género”, destacó Emilio González ante las asistentes a la jornada formativa.
En esta línea, destacó que una de las primeras medidas adoptadas con la ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue la devolución a los municipios de las competencias en esta materia. También recordó el subdelegado que el actual Ejecutivo central acaba de transferir 335.917,05 euros a los concellos ourensanos para abordar estas políticas.
La jornada de ayer forma parte de la programación de actividades diseñada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación con motivo del 25N.
El 4 de noviembre el Liceo acogerá otra jornada sobre la violencia machista abierta a toda la ciudadanía y el 24 de noviembre, en la subdelegación, escolares de distintos centros educativos procederán a la lectura de textos de Emilia Pardo Bazán sobre esta temática.
