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El hermano del recluso asesinado pide 25 y 24 años de cárcel para los dos acusados

La acusación particular añade un robo con violencia a los delitos de asesinato y estafa que también aprecia la Fiscalía | Las defensas presentarán ahora su versión de la causa

El personal forense traslada el cuerpo de la víctima tras ser desenterrado, en diciembre de 2018. // I. OSORIO

El personal forense traslada el cuerpo de la víctima tras ser desenterrado, en diciembre de 2018. // I. OSORIO

En la causa por el asesinato de Fernando Iglesias Espiño, natural de Silleda (Pontevedra) y de 63 años, un triple homicida al que le quedaban solo 2 años más de prisión para saldar una condena de 25 por el crimen de su mujer e hijos, cometido en Gran Canaria en 1996, la Fiscalía y la acusación particular comparten relato y unas posiciones similares, aunque con algunos matices técnicos. El ministerio público solicita, por los presuntos delitos de asesinato y de estafa continuada, una condena de 22 años de prisión para los acusados Francisco G. J. H. y de 23 para Óscar G. L., porque sobre este último pesa la agravante de reincidencia en cuanto al delito de fraude (fue condenado por la Audiencia Provincial de Gijón, en 2016, a una pena de 2 años y 1 mes). El abogado que representa al hermano del fallecido eleva la petición individual de penas a 24 y 25 años de cárcel, respectivamente.

Esta parte añade un robo con violencia a la calificación de los hechos ocurridos en el mes de agosto de 2018. La Fiscalía considera que la muerte violenta de Iglesias Espiño es constitutiva de un delito de asesinato, por el que solicita una condena de 20 años de prisión para cada uno de los dos encausados, en concurso real con un delito continuado de estafa, infracción por la que pide 2 años para Francisco y 3 para Óscar debido a su reincidencia. La acusación particular incorpora otro presunto delito, el del robo con violencia. Además, el letrado Antonio Muñoz considera que la interrelación entre los tres delitos es un concurso medial y no real. La interpretación de esta parte es que los dos acusados, a los que la víctima conoció en prisión y con los que llegó a entablar una relación de amistad, acabaron presuntamente con su vida para vaciar su cuenta, que se había nutrido poco antes de los hechos con el ingreso de la herencia de su madre.

Petición de indemnizaciones

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicita que los dos encausados indemnicen con 40.000 euros al hermano de la víctima mortal, además de con los 22.490 euros que presuntamente se apropiaron, retirando el efectivo en numerosas operaciones en cajeros de localidades de Ourense y Pontevedra pero también en Portugal y en Burgos. La acusación particular eleva a 50.000 euros la solicitud de indemnización a favor del hermano.

Tras 80 permisos de salida sin incidencias, en agosto de 2018 Fernando Iglesias no regresó al centro penitenciario de Pereiro. No se trataba de un quebrantamiento de condena, sino que este preso en tercer grado había sido víctima de un crimen. En diciembre de 2018, sus presuntos asesinos fueron detenidos. En la granja regentada por Francisco en Maside, trabajaba a cambio de comida y un lugar donde dormir en sus salidas. En ese recinto fue presuntamente atacado por los dos acusados, la mañana del 11 de agosto de 2018. Según la investigación, fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza. La causa de la muerte violenta, un traumatismo craneoencefálico.

La ubicación del cuerpo sin vida, enterrado en un monte de Piñor, se la reveló Óscar a la Guardia Civil “de manera voluntaria”, según la Fiscalía. Estaba envuelto en bolsas de plástico y soterrado en una mina de agua. Fue localizado el 20 de diciembre de 2018. Antes, los agentes habían estado registrando y removiendo cada metro cúbico de tierra en la granja de Maside, puesto que su sospecha inicial era que se encontraba allí.

Un crimen por la herencia

La Guardia Civil bautizó el caso como ‘Operación Avaro’ en alusión al supuesto móvil del asesinato: un crimen por la herencia. Presuntamente, los encausados se apoderaron de varias de las tarjetas de su amigo tras matarlo. Entre el 11 y 24 de agosto de 2018, en once días, retiraron un total de 22.490 euros. Las sustracciones de efectivo –la mayoría de 600 o 300 euros cada vez; la mínima de 80– se hicieron en cajeros de varias localidades de Galicia pero incluso de otros lugares de España o de Portugal. Constan operaciones en Cea, Ourense, Ribadavia, O Carballiño, Vigo, Bandeira, Melgaço, Lalín, As Neves, A Cañiza, y también en Burgos.

Figuran en el procedimiento las ubicaciones telefónicas y estudio de los repetidores –con informes y contrainformes de investigadores y peritos de la defensa, pues es importante para determinar los movimientos y las horas aproximadas de los hechos– así como imágenes del acusado Óscar en cajeros y escuchas telefónicas convencionales. También se instaló un micrófono –con autorización del juez– en el furgón que los trasladó ya detenidos, y en los calabozos, por si hablaban de los hechos y, en concreto, de la ubicación del cadáver, cuyo paradero no fue conocido por los agentes hasta que Óscar confesó.

Los dos encausados permanecen en prisión provisional. Un tribunal del jurado resolverá esta causa en los próximos meses. Antes, las defensas formularán sus escritos para exponer, si lo desean, su versión de los hechos.

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