Esta próxima semana, el 24 y 25 de marzo, la Audiencia Provincial de Ourense juzga a C. P. P., de 36 años, acusado por la Fiscalía de un presunto delito de homicidio por el atropello mortal de un motorista de 37 años, el 7 de septiembre de 2019, en la N-525 en Ourense, a la altura de Rabo de Galo. La Fiscalía cree que no fue un accidente, sino un crimen, y solicita hasta 14 años de cárcel. También se sentará en el banquillo J. P. G., de 63 años, por presunto encubrimiento del conductor. Es la principal de los presuntos traficantes juzgados y absueltos en el juicio de la ‘Zamburiña’. Vuelve a la Audiencia.
El conductor presuntamente escapó tras arrollar al motorista. Tenía retirado el carné, había bebido y consumido drogas, e iba a 125 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60, según la acusación pública. La defensa, que cuestiona pruebas de la instrucción como fotogramas de cámaras de seguridad y ve contradicciones en la versión del testigo que afirma que iba de copiloto, sostiene que el acusado “no estuvo en el accidente no es el autor”.
El encausado es reincidente. Acumula dos sentencias firmes por delitos contra la seguridad vial. Una recayó tres días después de estos graves hechos. Según la Fiscalía, era él quien conducía a las 11.10 horas del 7 de septiembre de 2019 el Audi A-4 Avant que arrolló al motorista. Antes había ingerido presuntamente alcohol y drogas “que mermaban sus capacidades físicas y psíquicas”. Transitaba por el carril izquierdo del Puente Ribeiriño, procedente de la N-542. La acusación indica que hizo una maniobra antirreglamentaria de cambio de carril a la derecha y se vio sorprendido por un vehículo que circulaba a menor velocidad, lo que desencadenó una colisión por alcance con la motocicleta de la víctima, en el kilómetro 234 de la N-525.
Los hechos
La motocicleta quedó atrapada, salió despedida e impactó contra la mediana. Fue arrastrada. El desplazamiento continuó 74 metros, desde la colisión hasta la posición final. El motorista falleció. Presuntamente, el acusado no se detuvo y siguió conduciendo para abandonar el lugar, sin auxiliar a la víctima pese a que el copiloto le dijo que parase. La fiscal cree que no lo hizo “al ser consciente de que no podía circular, al haber sido privado del permiso de conducir” hasta mayo de 2020.
Presuntamente, siguió un kilómetro y medio más y abandonó el vehículo, averiado. El acusado fue al domicilio de su padre, se cambió de ropa y condujo en otro vehículo hasta un local de Santa Cruz de Arrabaldo en el que trabajaba la acusada J. P. G. "Con el propósito de ayudar al acusado al objeto de que este pudiera eludir la investigación y servir de coartada”, según la Fiscalía, declaró en la comisaría que estaba con él en el momento de los hechos.
